Adiós a las inmobiliarias: qué cambia con la ley de Sturzenegger para comprar y vender casas

Sturzenegger impulsa liberar el mercado inmobiliario: se podrá comprar y vender propiedades sin matrícula, solo con título secundario. Fuerte rechazo del sector.

El gobierno nacional ha presentado un ambicioso proyecto de reforma liderado por el ministro Federico Sturzenegger para desregular el mercado inmobiliario en Argentina. Esta iniciativa busca transformar sustancialmente el corretaje inmobiliario en un servicio comercial de libre competencia pura. La medida más disruptiva es la eliminación definitiva de la obligatoriedad de poseer una matrícula profesional para poder ejercer la actividad.

Si esta propuesta logra avanzar exitosamente en el Congreso Nacional, el mercado inmobiliario experimentará un cambio radical en sus reglas de operación vigentes. El proyecto pretende remover las barreras de entrada que hoy limitan la actividad exclusivamente a profesionales colegiados. Esto abriría la puerta a una mayor cantidad de actores y empresas dentro del ecosistema de las transacciones de bienes raíces.

Los requisitos propuestos para poder operar legalmente en la intermediación de propiedades se reducirían a solo dos condiciones sumamente básicas. El borrador del proyecto estipula que solo será necesario ser mayor de edad y poseer el título secundario completo. De esta manera, se simplifica drásticamente el camino legal para cualquier ciudadano que desee trabajar en este sector comercial.

Entre los puntos a favor de la reforma, se destaca la habilitación formal de sociedades comerciales, franquicias y empresas tecnológicas para ser corredores. También se reconoce y promueve activamente el corretaje mediante el uso de plataformas digitales y modelos «proptech». Esto permitiría una modernización tecnológica necesaria para agilizar todos los procesos de búsqueda y cierre de operaciones.

Otro beneficio relevante es la eliminación de las fronteras territoriales para las inmobiliarias que operan en diferentes provincias del país. Podrán prestar servicios en todo el territorio nacional sin la necesidad de tramitar matrículas específicas en cada jurisdicción. Además, se propone la libertad total para fijar honorarios, eliminando por completo los aranceles mínimos legales actuales.

Sin embargo, el sector inmobiliario profesional ha manifestado un rechazo contundente y una postura de extrema preocupación por la reforma. Argumentan que la desprofesionalización afectará directamente la seguridad jurídica necesaria para el control de contratos. Temen que sin supervisión experta, el estado dominial y las tasaciones de los inmuebles pierdan su rigor técnico y legal.

Una de las mayores críticas se centra en la prevención del lavado de activos y el control del origen de los fondos en transacciones millonarias. Actualmente, los corredores matriculados actúan como sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF) para reportar sospechas. El sector advierte que liberar la actividad debilitaría estos controles críticos contra la posible criminalidad financiera.

Por último, las entidades tradicionales advierten sobre el riesgo de que el mercado se concentre en unas pocas plataformas digitales de gran escala. Al quitar las barreras de entrada, se teme la formación de monopolios que terminen desplazando a los pequeños y medianos corredores locales. Esta concentración podría afectar la diversidad de la oferta y el trato personalizado hacia los clientes.