El caso de Gisela Vera en Cruz del Eje cobró enorme repercusión pública tras la viralización de su testimonio en el marco de las movilizaciones por el #NiUnaMenos. El eje central de la causa judicial gira en torno a la denuncia de Vera por violencia de género contra su expareja, el exintendente de Cruz del Eje, Claudio Sebastián Farías. El caso recayó inicialmente ante la Fiscalía de Cruz del Eje y sumó la intervención de la Fiscalía de Deán Funes debido a los períodos de feria judicial. La Justicia imputó formalmente al exfuncionario político por el presunto delito de lesiones leves calificadas por el vínculo. La difusión de un video de la víctima generó fuertes reclamos locales y una denuncia colectiva en los tribunales de Cruz del Eje por la falta de celeridad y la desprotección institucional denunciada por su entorno frente al hostigamiento. Gisela Vera fue quien en 2023 motorizó la causa principal tras denunciarlo por golpearla y mantenerla encerrada. Su caso unificó las imputaciones de lesiones leves calificadas, privación ilegítima de la libertad y desobediencia a la autoridad. Inspirada por la acción pública de Gisela, otra de sus ex parejas se presentó ante la Justicia ese mismo año en la zona de San Marcos Sierras para radicar una nueva denuncia penal por hechos similares. Este año, 2026, una tercera expareja formalizó una nueva presentación judicial por violencia de género contra el exfuncionario político. Tras concluir las audiencias preliminares a fines de agosto de 2026, se confirmó que el juicio oral y público comenzará formalmente el próximo 19 de octubre de 2026. Farías llegará al banquillo de los acusados imputado, por un lado, por lesiones leves calificadas por el vínculo, privación ilegítima de la libertad calificada y desobediencia a la autoridad. El abogado querellante, Ramiro Gauna, anticipó que solicitarán una pena que exceda los tres años, lo que implicaría cumplimiento de prisión efectiva si es hallado culpable; y por otra parte, será imputado por administración fraudulenta y malversación de fondos públicos en perjuicio de las arcas municipales (causa que data originalmente de 2019 e involucra a otros exfuncionarios de su gestión). La fijación de la fecha de juicio se logró luego de que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y la Justicia Federal rechazaran sucesivos recursos de casación e instancias extraordinarias presentados por la defensa de Farías, los cuales buscaban separar las causas o postergar el debate oral. Además, la defensa del exintendente solicitó recientemente el apartamiento de la fiscal de instrucción, sumando tensiones previas al juicio. El caso Farías marcó un punto de inflexión en la política del noroeste cordobés al transformarse en uno de los primeros mandatarios en ejercicio de la región en acumular denuncias penales graves de forma simultánea (corrupción económica y violencia de género). Esto desgastó drásticamente el capital político de su sector hacia el cierre de su mandato. La fuerte repercusión del video testimonial de Gisela Vera sirvió como catalizador para masivas marchas locales bajo la bandera de #NiUnaMenos. Esto derivó en escraches públicos en los Tribunales de Cruz del Eje, exponiendo ante la opinión pública la lentitud institucional y forzando a la cúpula judicial provincial a destrabar el expediente. El debate en torno al caso generó divisiones institucionales en la localidad. Por un lado, la querella destaca la contundencia de las pericias técnicas que descartan cualquier fabulación; por el otro, sectores ligados al exfuncionario instalaron localmente discursos centrados en supuestas «maniobras políticas» o «denuncias falsas» para desacreditar la acusación de cara al juicio penal inminente. Las organizaciones que acompañan a las víctimas, como el Centro de Protección Familiar (CEPROFA), señalan que estas múltiples presentaciones exponen un patrón recurrente de conducta violenta. Sin embargo, la elevación a juicio fijada para este 19 de octubre tiene como eje central la causa unificada de Gisela Vera, junto con los delitos financieros que damnificaron al municipio. Navegación de entradas Carla: de testigo clave a imputada por el femicidio de Agostina Vega Los policías que mataron a Jonatan Romo en La Falda podrían quedar libres con un juicio abreviado
