Los policías que mataron a Jonatan Romo en La Falda podrían quedar libres con un juicio abreviado

Caso Jonatan Romo en La Falda: el TSJ habilitó el juicio abreviado para los policías principales y la familia apeló ante la Corte Suprema para frenarlo.

El caso judicial por la muerte de Jonatan Romo en la comisaría de La Falda atraviesa dias claves debido a una fuerte disputa entre la familia de la víctima y las resoluciones de la Justicia cordobesa.

El 10 de julio de 2022, Jonatan Romo (35 años) fue detenido en la vía pública en La Falda mientras sufría un brote psicótico derivado de sus problemas de adicción. Testigos y filmaciones demostraron que, en lugar de recibir asistencia médica o contención bajo protocolos de salud mental, los efectivos policiales le propinaron una golpiza, lo esposaron con las manos atrás y lo trasladaron a la comisaría local. Romo ingresó sin vida a la seccional.

El informe forense oficial determinó que Romo murió por asfixia mecánica generada por terceros. El estudio médico comprobó que los policías ejercieron una presión desproporcionada sobre su cuerpo mientras estaba inmovilizado boca abajo en el suelo y esposado con las manos atrás, cortándole el oxígeno por completo. El peritaje descartó definitivamente cualquier hipótesis de muerte natural, sobredosis aislada o broncoaspiración.

El examen del cuerpo arrojó edemas cerebrales, hemorragias pulmonares y microfracturas en la espalda compatibles con la golpiza que le propinaron durante el arresto.

Existen grabaciones tomadas por los propios vecinos de La Falda que muestran que Jonatan estaba atravesando un brote psicótico y no ofrecía resistencia física violenta. A pesar de esto, se constató un uso de la fuerza «arbitrario y desproporcionado» tanto en la vía pública como en el traslado y posterior ingreso a la comisaría.

Aunque inicialmente seis policías fueron imputados por homicidio calificado, la Cámara de Apelaciones de Villa Dolores modificó la carátula a homicidio culposo por imprudencia y exceso en la legítima defensa. Este cambio redujo drásticamente las expectativas de pena (de una posible cadena perpetua a una escala de uno a cinco años de prisión), lo que desató la indignación de la familia.

El caso sumó máxima tensión institucional tras conocerse las últimas decisiones judiciales. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba dio luz verde a un pedido de juicio abreviado para tres de los policías imputados (Aguilera, Geri y Suárez). De cerrarse este acuerdo entre la fiscalía y las defensas, los agentes recibirían una condena menor de un año y seis meses de prisión condicional, lo que les permitiría seguir en libertad.

El abogado de la familia Romo, Gustavo Pérez, rechazó tajantemente este acuerdo argumentando que «la oposición de la familia no fue vinculante» y que la muerte ocurrió bajo custodia del Estado. Ante esto, presentaron un recurso extraordinario federal para llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, exigiendo que se realice un juicio oral y público.

Paralelamente, la Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje resolvió postergar el inicio del juicio contra otros dos policías acusados de encubrimiento agravado, el sub comisario Pablo Zárate y el agente Lucas Giménez. El debate debía comenzar formalmente el jueves 6 de agosto de 2026 pero las partes pactaron esperar a que se resuelvan definitivamente los recursos planteados por el homicidio principal antes de juzgar la cadena de encubrimientos dentro de la fuerza.

Actualmente, los seis policías involucrados esperan las resoluciones en libertad, situación que mantiene en constante movilización a la comunidad de La Falda y agrupaciones de derechos humanos que denuncian «mecanismos de impunidad».

Por otra parte, el excomisario inspector Diego Bracamonte, quien fuera el jefe de la Departamental Punilla Norte y nexo clave en los primeros tramos del caso Jonatan Romo, recibió una dura condena penal de 13 años y 10 meses de prisión efectiva en mayo de 2026.

A pesar de haber sido desplazado de la fuerza tras la muerte de Romo en la comisaría de La Falda, el exjefe policial no terminó en prisión por violencia institucional, sino por graves delitos de índole privada.

Bracamonte llegó a los tribunales detenido desde octubre de 2024 debido a una denuncia en su entorno íntimo. Ante la contundencia de las pruebas en la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, el excomisario prefirió confesar y acordar un juicio abreviado.

Se le declaró culpable de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, de promoción de la corrupción de menores/sexual agravada y de amenazas agravadas y desobediencia a la autoridad. Todos estos hechos fueron cometidos contra una familiar directa de su círculo íntimo.

Tras admitir su responsabilidad, se ordenó su traslado inmediato al Penal de Bouwer, donde actualmente cumple su condena alojado en el pabellón especial para expolicías y miembros de las fuerzas de seguridad.

Además, Bracamonte arrastraba un serio historial de cuestionamientos públicos en el valle: él mismo declaró haber liderado la criticada investigación inicial por el femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte (2020), operativo que terminó con la detención de un joven inocente («perejil») que luego fue absuelto por falta de pruebas.

Aunque nunca estuvo formalmente imputado en la causa por el homicidio de Jonatan Romo, la familia del joven fallecido siempre lo señaló como el funcionario político y policial que actuaba de nexo directo entre el subcomisario Pablo Zárate (imputado por encubrimiento) y las autoridades superiores.

El subcomisario Pablo Zárate estaba físicamente a cargo de la comisaría de La Falda. La noche del 10 de julio de 2022, tras el violento operativo, Bracamonte era el jefe de la Departamental Punilla Norte y, por ende, el superior directo de Zárate.

La sospecha principal es que bajo la supervisión de la cadena de mandos que lideraba Bracamonte se elaboró el primer parte policial de esa noche. En ese reporte oficial que se remitió a la Fiscalía de Cosquín (a cargo de Raúl Ramírez), la policía intentó «tapar» el crimen afirmando que Romo se había descompensado y muerto por causas naturales o broncoaspiración, ocultando la golpiza y el estrangulamiento que luego destapó la autopsia.

La querella acusó formalmente a Bracamonte de ser quien manejaba discrecionalmente la información que le llegaba al fiscal de instrucción. Se lo señala por estructurar la versión institucional para proteger a los sargentos y cabos implicados, retrasando el acceso a los videos vecinales que finalmente demostraron cómo los agentes redujeron a Romo sin que el joven opusiera resistencia.

Esa misma noche, mientras la familia de Romo exigía explicaciones en la puerta de la comisaría, se activó la estructura vertical de la Jefatura regional: una maquinaria de mandos donde las órdenes de qué reportar y qué ocultar pasaban obligatoriamente por el despacho de Bracamonte antes de salir de Punilla. Esto provocó que el Gobierno provincial decidiera descabezar la cúpula y pasarlo a retiro inmediato a los pocos días del hecho.