La administración provincial se consolidó como el distrito del interior del país que más fondos destina a la pauta publicitaria oficial. Auditorías independientes de las organizaciones de control social revelaron que la provincia ejecuta un presupuesto anual que supera holgadamente los 30.000 millones de pesos en propaganda institucional. Esta cifra reavivó el debate con las fuerzas opositoras, que denuncian un despilfarro discrecional de los recursos públicos en medio de una profunda crisis socioeconómica. El desglose de la inversión en plataformas digitales colocó a la provincia en el centro de la polémica nacional. Las investigaciones sobre la Biblioteca de Anuncios de Meta constataron que la gestión local gastó más de 3.300 millones de pesos acumulados en publicidad para Facebook e Instagram. Con este nivel de erogación, el gobierno provincial concentró el 39% de toda la pauta en redes sociales ejecutada por las provincias de la República Argentina. En lo que respecta a los medios tradicionales de comunicación cordobeses, los registros oficiales confirman transferencias millonarias recurrentes. El canal de televisión El Doce, perteneciente a la firma Telecor, encabeza los beneficios de la pauta tradicional con ingresos por 1.853,1 millones de pesos. Por su parte, la señal televisiva de Telefe Córdoba ocupa el segundo escalón en el reparto oficial, consolidando una facturación anual de 1.493 millones de pesos. Las planillas del Portal de Transparencia de la Provincia reflejan también un fuerte flujo de fondos hacia el ecosistema radial. La emisora Cadena 3 Argentina se mantiene al frente en su rubro al registrar ingresos publicitarios consolidados por 1.000 millones de pesos. Asimismo, el histórico medio gráfico y digital La Voz del Interior percibe partidas individuales periódicas que superan de forma sostenida los 75 millones de pesos. El mayor foco de conflicto, sin embargo, radica en el redireccionamiento de fondos públicos hacia grandes corporaciones de marketing. Las empresas multinacionales dedicadas al posicionamiento y la consultoría estratégica digital, tales como el grupo publicitario Dentsu, recibieron partidas superiores a los 2.600 millones de pesos. Esta asimetría generó que las radios comunitarias y cooperativas locales denunciaran recibir apenas un marginal 0,32% del presupuesto de difusión provincial. Los bloques de la oposición, liderados por referentes de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, salieron al cruce de estas cifras presupuestarias. Los legisladores provinciales argumentan que la inyección sistemática de dinero busca construir un blindaje mediático y promocionar la imagen del poder político. Desde sus bancadas exigen de manera urgente el cese de los contratos publicitarios superfluos y la reasignación inmediata de esas partidas discrecionales. En cuanto a los destinos alternativos para esos fondos, la oposición detalló propuestas que apuntan a resolver deficiencias estructurales. Los dirigentes sostienen que con los millones volcados a Facebook se podrían construir cientos de viviendas sociales para familias sin techo propio. Del mismo modo, remarcan que esos recursos alcanzarían para revertir el deterioro salarial de los docentes y financiar insumos críticos en los hospitales públicos. Desde las bancadas críticas recalcan que resulta inmoral sostener campañas de posicionamiento mientras la provincia enfrenta serios problemas de seguridad. Sostienen que redirigir el presupuesto publicitario hacia el equipamiento de las fuerzas policiales y la infraestructura escolar generaría un impacto real en la calidad de vida. Para la oposición, el superávit del que habla el Ejecutivo se sostiene mediante un severo ajuste a los sectores más vulnerables de la sociedad. Por su parte, el Ejecutivo defiende la legalidad de los actos argumentando que las campañas responden al deber constitucional de informar a la ciudadanía. Las autoridades locales aseguran que la comunicación en redes e internet es indispensable para difundir programas sanitarios, alertas preventivas y políticas de asistencia social. A pesar de esta justificación técnica, los informes de auditoría civil mantienen la lupa sobre las cuentas públicas de Córdoba de cara al próximo armado electoral. Navegación de entradas No hay plata: Bornoroni lanzó su campaña en Punilla pero le cerró el grifo a la obra pública Ciberpatrullaje 24/7: El plan oficial para detectar ‘señales de odio’ en tus redes sociales y frenar el próximo atentado
