Una verdadera jornada de terror y descontrol se vivió este lunes 10 de agosto de 2026 en la Quebrada de Humahuaca, donde el gobierno de Carlos Sadir desató una feroz represión policial para desalojar a la Comunidad Indígena de Santa Rosa. Bajo una lluvia de gases lacrimógenos y perdigones de goma, la policía cercó el territorio ancestral para que las topadoras destruyeran las viviendas de la familia Soruco. Lo verdaderamente indignante y escandaloso de este atropello es que la orden del juez Juan Pablo Calderón se ejecutó sabiendo que se fundamentaba en un plano catastral erróneo emitido por la propia Dirección Provincial de Inmuebles, un error administrativo del Estado que terminó costándole el techo a familias legítimas. El salvajismo del operativo no midió consecuencias y provocó el repudio inmediato de toda la sociedad jujeña tras denunciarse la desaparición momentánea de ocho niños, de entre 1 y 7 años, quienes se dispersaron aterrorizados en los cerros durante el caos y la balacera. El saldo provisorio de la jornada arroja múltiples heridos y la detención de comuneros como Armando Soruco, Santiago Soruco y Paola Velásquez, quienes defendieron sus hogares con el cuerpo. Mientras los menores que fueron demorados recuperaban la libertad de a poco, los vecinos sitiaron la comisaría local exigiendo la liberación inmediata de los adultos y presentando denuncias penales urgentes por el abandono y desprotección en el que quedaron los menores de edad. Este violento avance inmobiliario expone la alarmante vigencia de la polémica «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» impulsada por el oficialismo, una normativa que las organizaciones sociales tildan de «herramienta de despojo masivo». En las redes sociales la indignación es total: miles de usuarios viralizan las imágenes de los abuelos y niños llorando sobre los escombros de lo que fueron sus casas, denunciando que el gobierno provincial viola descaradamente el Convenio 169 de la OIT para entregar tierras protegidas al negocio vitivinícola y hotelero de alta gama. La Quebrada, declarada Patrimonio de la Humanidad, hoy es tendencia nacional pero por los gritos de una comunidad que resiste el destierro legalizado. La tensión en Jujuy amenaza con escalar a niveles críticos para las próximas horas, ya que diferentes asambleas del pueblo ocloya, organizaciones de derechos humanos y gremios docentes ya declararon el estado de alerta y movilización en toda la provincia. Se espera que este martes las rutas de la Quebrada se conviertan en el epicentro de asambleas urgentes y cortes masivos en repudio a lo que consideran una «cacería humana» dictada desde los despachos del poder judicial y político. La indignación social crece minuto a minuto y la exigencia popular es unánime: la renuncia de los responsables del operativo y la restitución inmediata de los derechos vulnerados a los pueblos originarios. El trasfondo de este estallido social radica en una histórica y sistemática vulneración de los derechos territoriales de los pueblos originarios en Jujuy, donde el Estado provincial arrastra una deuda histórica en la regularización de las tierras ancestrales. La Comunidad Indígena de Santa Rosa posee la posesión tradicional de estos predios en la Quebrada de Humahuaca mucho antes de la conformación del propio Estado argentino, un derecho legítimo que está plenamente amparado por el artículo 75 de la Constitución Nacional y por tratados internacionales. Sin embargo, la falta de voluntad política para instrumentar los relevamientos territoriales correspondientes deja a estas familias en una situación de total desamparo jurídico frente a particulares que compran títulos de propiedad sobre áreas comunitarias. A esta desprotección estructural se le suma el vertiginoso avance de la especulación inmobiliaria, turística y vitivinícola en la región, la cual se devora los terrenos productivos y los espacios habitacionales de los comuneros. En los últimos años, la Quebrada de Humahuaca experimentó un boom hotelero y de bodegas boutique de alta gama que disparó el valor de la tierra a precios exorbitantes en dólares. Este fenómeno generó que empresarios y terratenientes locales utilicen lagunas legales y fallos judiciales express para avanzar sobre los cerros y los valles habitados por las comunidades originarias, un proceso de gentrificación forzada que cuenta con el aval político del oficialismo jujeño mediante leyes que criminalizan la protesta social y la defensa de la tierra. Navegación de entradas Denuncian «multa fabricada» en La Falda por un semáforo que no existe
