Una vecina de la ciudad de La Falda, Dulce Rita Rossi Sanchez, presentó una denuncia administrativa formal ante el Intendente Javier Dieminger. El documento expone graves irregularidades en el ejercicio de las funciones públicas por parte de un inspector municipal. La controversia surgió tras la notificación de una multa por «no respetar señales de semáforos» en la intersección de las calles Estados Unidos y Ocampo. No obstante, la denunciante afirma que en dicha esquina no existe, ni existió nunca, un semáforo instalado. Este hecho, calificado en el descargo como una falsedad ideológica, resulta particularmente llamativo por la imposibilidad física de la infracción. La inserción de datos inexistentes en un instrumento público vicia de nulidad absoluta todo el proceso administrativo iniciado. La situación parece trascender un simple error operativo para convertirse, según la damnificada, en una herramienta de persecución. Resulta preocupante que se utilicen actas oficiales para amedrentar a ciudadanos que mantienen una postura crítica frente a la gestión. El descargo vincula esta «multa fabricada» con una serie de reclamos previos realizados por la familia ante la Secretaría de Salud y Gobierno. Estas acciones anteriores buscaban el cumplimiento de ordenanzas y ya habían tomado estado público en redes sociales. Llama la atención la coincidencia temporal entre las protestas de los vecinos y la aparición de esta insólita infracción de tránsito. Además, denuncian el uso de datos sensibles de programas sociales para realizar maniobras de hostigamiento personal. Ante la gravedad de los hechos, se ha solicitado la apertura inmediata de unsumario administrativo contra el inspector Rodrigo Ariel Montes Bustamante. También se busca investigar la responsabilidad jerárquica de los funcionarios superiores en laSecretaría de Gobierno. La denuncia exige la nulidad absoluta de la sentencia y una respuesta por escrito en los plazos que establece la ley vigente. De no obtener una resolución satisfactoria, los afectados advierten que elevarán las actuaciones a la Justicia Ordinaria. Este caso pone bajo la lupa la transparencia de los mecanismos de control municipal y la ética de sus agentes de calle. La comunidad aguarda una respuesta oficial que aclare cómo pudo sancionarse a alguien por un semáforo invisible. Navegación de entradas ¿Justicia o silencio? La polémica ley de Carolina Losada que podría llevar a la cárcel a quienes no logren probar su denuncia. Escándalo y represión en Humahuaca: el gobierno desalojo a la fuerza a una comunidad de originarios
