En las últimas semanas, un intenso debate ha ganado las calles y el Congreso nacional en relación con las denuncias falsas. El centro de la discusión es un proyecto de ley que busca castigar con mucha dureza a quienes mientan ante la justicia. Se trata de la iniciativa S-228/25, impulsada para reformar el Código Penal actual y endurecer las penas existentes. El objetivo principal es subir los años de prisión para aquellas personas que realicen acusaciones que resulten ser mentiras inventadas. Actualmente, las penas propuestas en el proyecto van de uno a tres años de cárcel para los casos generales de falsa denuncia. Sin embargo, el castigo puede subir hasta los seis años si la mentira involucra violencia de género o abusos contra menores. La cara visible de esta propuesta es la senadora nacional Carolina Losada, quien representa a la provincia de Santa Fe. Losada llegó a la política en el año 2021 integrando el bloque de la Unión Cívica Radical y Juntos por el Cambio. Antes de ser legisladora, tuvo una larguísima carrera en los medios de comunicación como periodista y conductora de televisión. Muchos vecinos la recuerdan por su paso en programas de debate político muy conocidos y noticieros nacionales. En el Senado, Losada ocupa hoy cargos de mucha responsabilidad, como la presidencia de la Comisión de Seguridad Interior. Se destaca por tener una postura de «mano dura» y punitivista frente al delito y el narcotráfico. Quienes defienden su proyecto de ley aseguran que es una herramienta necesaria para proteger el honor de las personas inocentes. Sostienen que una denuncia falsa puede arruinar la vida laboral, familiar y la salud de alguien para siempre. Otro argumento a favor es que la justicia pierde tiempo y mucho dinero investigando casos que terminan siendo solo inventos. Al castigar la mentira, dicen que se liberarían recursos para atender a las víctimas que realmente necesitan ayuda. Por otro lado, los críticos advierten que esta ley podría dar vuelta el tablero y terminar castigando a las verdaderas víctimas. El mayor temor es que la amenaza de ir preso silencie a quienes sufren violencia de verdad pero no tienen pruebas. En Argentina, el gran problema social no parecen ser las mentiras, sino el enorme silencio de las víctimas reales. Se calcula que más del 77% de las mujeres que sufren violencia de pareja nunca llegan a realizar una denuncia. Las estadísticas oficiales muestran que las denuncias falsas son casos muy raros, representando apenas el 0,09% del total nacional. En cambio, en los casos de abuso sexual infantil, el silencio llega a niveles alarmantes de hasta un 95%. Los especialistas explican que, si alguien tiene miedo de ir a la cárcel por no poder probar su historia, preferirá callar. Esto dejaría a muchos agresores libres y a las víctimas, especialmente niños, en un estado de total desamparo. La ley ha causado incluso peleas y fracturas dentro del propio partido de Losada, la Unión Cívica Radical. Un sector del radicalismo afirma que este proyecto es un retroceso en los derechos humanos y desprotege a las infancias. Esta tensión social se ha trasladado a las calles con marchas y concentraciones en diferentes puntos del país. Grupos de madres, estudiantes y organizaciones sociales piden a los senadores que el proyecto sea rechazado de inmediato. En la provincia de Córdoba, y específicamente en la localidad de La Falda, la protesta cobró una fuerza y visibilidad muy especial. El pasado 6 de agosto, vecinos y organizaciones locales salieron a la calle para manifestar su descontento. Durante estas jornadas de protesta en La Falda, se destacó una creativa y potente intervención callejera. Las manifestantes usaron un ingenioso juego de palabras para responder a la campaña que promueve la senadora Losada. El eslogan original de los sectores que defienden la ley era el hashtag «#FalsasDenuncias» impreso en carteles y redes. Sin embargo, en las marchas, la gente intervino esos mismos carteles para que se lea «Faltan Denuncias». Con este cambio de letras, las organizaciones quisieron decir que el verdadero drama es la falta de acceso a la justicia. Denuncian que en ciudades del interior es aún más difícil denunciar por el miedo a las represalias. En lugares como el Valle de Punilla, el sistema judicial suele ser percibido como lento y hostil para quienes se atreven a hablar. Por eso, el grito de «Faltan Denuncias» busca pedir que se proteja a la víctima en lugar de amenazarla con la cárcel. Mientras el proyecto espera su debate definitivo en el Senado, el clima de incertidumbre crece entre los ciudadanos comunes. La sociedad hoy se debate entre proteger la inocencia o garantizar que ninguna víctima se quede en el silencio por miedo. Navegación de entradas Te contamos en criollo la ley que aprobó el Senado y quiénes dieron el «sí» Denuncian «multa fabricada» en La Falda por un semáforo que no existe
