La Unión Cívica Radical de Córdoba atraviesa una de sus crisis institucionales más agudas de las últimas décadas, marcada por una convocatoria que sectores críticos califican como un atropello a la democracia interna. El oficialismo partidario busca aprobar este sábado una prórroga excepcional de todos los mandatos vigentes hasta septiembre de 2027. La cita ha sido programada de manera virtual vía Zoom para este sábado 11 de julio, estratégicamente ubicada horas antes del partido entre Argentina y Suiza por el Mundial. Esta elección de horario y modalidad es vista por la oposición como una estratagema para diluir el debate y limitar la participación real de los afiliados. Bajo la conducción de Marcos Ferrer y con el respaldo de Rodrigo de Loredo, la actual dirigencia pretende eludir las elecciones internas que, por estatuto, deben realizarse cada dos años. Esta maniobra busca garantizar el control total de la estructura partidaria durante el crucial turno electoral del próximo año. El legislador provincial Dante Rossi ha denunciado que la conducción actual busca «perpetuarse en el poder» mediante un proceso que carece de transparencia. Rossi enfatiza que el partido, que suele exigir institucionalidad al peronismo, está fallando en dar el ejemplo dentro de su propia organización. La violación de la Carta Orgánica es el eje de la controversia, ya que el estatuto establece taxativamente la elección por voto directo. Para los sectores disidentes, una prórroga autoproclamada por los dirigentes es un acto que vulnera los derechos políticos más básicos de los afiliados radicales. La modalidad virtual es otro punto de fricción, pues se argumenta que reduce la instancia de debate político a una mera formalidad técnica. La oposición describe este encuentro como un «proceso opaco y viciado de legitimidad», diseñado específicamente para evitar la confrontación presencial de ideas. Más grave aún es la denuncia sobre la participación de congresales cuyos mandatos de origen ya se encontrarían vencidos o no revalidados. Votar una extensión de mandatos con un padrón desactualizado y carente de representación legítima podría llevar a la nulidad absoluta de lo actuado en la sesión. El objetivo de fondo de esta maniobra es el control de la «lapicera» para la confección de las listas de candidatos en 2027. Quien maneje el sello partidario tendrá la potestad unilateral de decidir quiénes ocuparán las bancas legislativas y las intendencias en toda la provincia. Este blindaje institucional tiene un destinatario claro: la candidatura de Rodrigo de Loredo para la gobernación de Córdoba. Al anular la competencia interna, se neutraliza cualquier surgimiento de liderazgos alternativos que puedan disputar la conducción o la estrategia electoral del sector mayoritario. La tensión también radica en la futura relación del partido con la Casa Rosada y el esquema político de La Libertad Avanza. El oficialismo busca centralizar las decisiones para negociar desde una posición de fuerza con Javier Milei, o incluso forzar una alianza sin el consentimiento del resto de los sectores. Sectores como el mestrismo y Córdoba Abierta advierten que esta centralización del poder erosiona la identidad histórica de la UCR. Denuncian que el partido corre el riesgo de convertirse en un actor subordinado o socio menor del oficialismo nacional, perdiendo su rol de alternativa autónoma. La crisis se enmarca en un retroceso territorial prolongado, ya que el radicalismo no gobierna la provincia desde 1999 y perdió la capital en 2019. Esta lucha interna refleja la desesperación de una cúpula por mantener las cuotas de poder restantes ante una creciente fragmentación política. Desde el oficialismo, defienden la legalidad de la medida alegando la soberanía del Congreso Partidario para dictar excepciones de emergencia. Argumentan que una elección interna en este contexto atomizaría los recursos del partido y lo debilitaría frente al avance del peronismo y los libertarios. Sin embargo, la disputa ya tiene asegurado un capítulo en los tribunales federales con competencia electoral. Los núcleos opositores han confirmado que presentarán impugnaciones y medidas cautelares inmediatamente después del congreso virtual para frenar lo que consideran un golpe institucional. En última instancia, lo que se debate en el Zoom de este sábado es el umbral de calidad democrática que la UCR está dispuesta a tolerar. Las maniobras denunciadas exponen una crisis de valores que pone en duda la transparencia de uno de los pilares del sistema de partidos en Córdoba. Navegación de entradas ¿Femicidio o ajuste de cuentas? El crudo relato de Carla: la mujer que dio la cara por Agostina y hoy vive encerrada como una presa
