El caso del bar Wachitas y el femicidio de Agostina ha tomado un giro dramático tras la aparición pública de Carla, una extrabajadora sexual que decidió mostrar su rostro. Su testimonio no solo ha aportado dimensiones nuevas a la investigación judicial en Córdoba, sino que ha revelado una trama de complicidades que escala hasta el poder político y policial. A pesar de la relevancia de sus declaraciones, Carla denuncia encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad y desprotección institucional. Ella asegura que, tras presentarse ante la justicia, su vida se ha desmoronado económicamente, quedándose sin su empleo anterior y enfrentando un futuro incierto junto a su pareja y sus cinco hijos. Las posibles represalias son una realidad constante en su día a día, manifestándose a través de amenazas concretas recibidas por redes sociales. Carla relata que se siente perseguida y vive en un estado de alerta permanente, ya que conoce de primera mano la peligrosidad de las personas involucradas en el entorno del bar. En cuanto a los vínculos revelados, el testimonio de la mujer apunta a una estructura mafiosa que opera con impunidad en la noche cordobesa. Según sus palabras, el narcotráfico es un componente central de esta red, que contaría con el amparo de sectores de la justicia y funcionarios municipales corruptos. Carla identificó explícitamente a figuras como Roberto Moyano, a quien define como el «dueño de la noche» y responsable de manejar diversos locales. Reveló que existían pagos a personal municipal para evitar clausuras permanentes, asegurando que «dos más dos son cuatro» respecto a la complicidad estatal en estos negocios. Sobre el femicidio de Agostina, la testigo sostiene una hipótesis que difiere de la versión oficial simplificada de un crimen pasional. Para ella, se trató de un «ajuste de cuentas» o un mensaje mafioso dirigido a quienes se mueven en ese submundo, donde las deudas suelen pagarse con la vida. La mujer también dirigió duras críticas hacia la madre de la víctima, sugiriendo que ella conoce los verdaderos motivos detrás de la tragedia. Carla cuestiona cómo la niña terminó involucrada en ese ambiente peligroso y asegura que la madre no ha contado toda la verdad sobre los vínculos con los sospechosos. Un punto crítico de su denuncia es la negligencia en la recolección de pruebas fundamentales para la causa judicial. Ella afirma haber indicado a los investigadores la importancia de peritar un colchón del bar que contendría rastros de ADN de múltiples víctimas, pero su pedido fue ignorado. La desprotección que sufre Carla es alarmante, ya que la justicia solo le ha otorgado un botón antipánico con fecha de vencimiento. Ella se siente «encerrada como una presa» en su propia casa, mientras que los principales acusados, como Barrelier, gozan de mayores medidas de seguridad en prisión. La ayuda económica ofrecida por el Ministerio de Justicia es calificada por la testigo como insuficiente y humillante por su modalidad. Se le exige presentar tickets de compra exclusivamente para alimentos, lo que le impide utilizar los fondos para emprender un negocio y recuperar su autonomía laboral. Carla relata que en la fiscalía fue atendida por secretarios del fiscal Garzón, pero que nunca tuvo un contacto directo y humano con el responsable de la causa. Siente que su testimonio fue utilizado para avanzar en la investigación, pero que luego fue abandonada a su suerte por el sistema judicial. La testigo afirma que su decisión de hablar fue motivada por la necesidad de que el crimen de Agostina no quedara en la nada. Sin embargo, advierte que su situación actual envía un mensaje negativo a otras posibles testigos que tienen miedo de denunciar por temor a terminar igual de desamparadas. El impacto de su declaración ha llegado incluso a la detención de otras personas vinculadas al caso, como Soledad Andreani. Carla reveló que sufrió maltratos por parte de Andreani en el bar y que la mujer se quedaba con la mitad de sus ingresos obtenidos mediante el trabajo sexual. A nivel social, el caso ha generado un debate sobre la crisis moral de las instituciones en Córdoba y la independencia del poder judicial. Periodistas y analistas señalan que la sociedad siente una profunda desprotección ante una justicia que parece paralizada por el temor a tocar ciertos intereses. A pesar de los riesgos, Carla asegura no estar arrepentida de haber colaborado, pues cree que su voz es necesaria para que se conozca la verdad. No obstante, advierte que si su seguridad sigue dependiendo solo de un botón antipánico, su vida corre un peligro inminente ante posibles ataques de la mafia. Finalmente, la situación de Carla pone de manifiesto la falta de protocolos efectivos para proteger a testigos calificados en causas de trata y narcotráfico. Su testimonio es un llamado de atención urgente para que el Estado asuma su responsabilidad y no deje que la «ley de la calle» se imponga sobre la justicia. La valentía de esta mujer, que hoy da la cara, contrasta con la «anestesia» institucional que ella percibe en los pasillos de los tribunales cordobeses. El desenlace de su historia y la resolución del caso Agostina serán una prueba de fuego para la integridad del sistema legal de la provincia. Navegación de entradas Justicia de Córdoba ordena reparación de $125 millones por abusos sistemáticos en la Casa del Niño ¿Golpe institucional por Zoom? 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