Dieminger frenó por decreto el ajuste que sus propios concejales habían aprobado. Quienes votaron en contra y quienes a favor. El intendente de La Falda, Javier Dieminger, decidió vetar la ordenanza que buscaba eliminar los gastos de representación para los cargos jerárquicos del municipio. Esta medida, que había sido aprobada originalmente el pasado 17 de junio, generó una fuerte repercusión en el ámbito político y social de la ciudad. La ordenanza tenía como objetivo principal suprimir un beneficio adicional del 20% no remunerativo que perciben el intendente, la viceintendenta y los secretarios sobre su sueldo básico. Esta suma está destinada a cubrir gastos vinculados al ejercicio de la función pública, según la normativa vigente. El proyecto había sido impulsado por una consejal del bloque La Falda en Acción, quien argumentó que en tiempos de crisis económica es necesario dar señales de austeridad. La edil sostuvo que los funcionarios deben ajustarse como lo hacen actualmente todas las familias de la localidad. Al momento de la votación inicial, el Concejo Deliberante mostró una división inusual que sorprendió a la comunidad. Acompañaron la eliminación del gasto Gabriela Sacco, Francisco Villanueva y tres concejalas del oficialismo: Ludmila Ochoa, Alicia Auferil y Karen Tymoszczuk, marcando una fisura interna. Por el contrario, los ediles oficialistas Daniel Pino, Ricardo Agost y Javier Montes votaron en contra de la iniciativa, defendiendo la continuidad de estos beneficios. La ausencia de la presidenta Luciana Pacha hizo que Pino presidiera la sesión donde se dio este histórico debate parlamentario. Actualmente, los salarios de bolsillo de la planta política se encuentran congelados desde el mes de abril. El intendente percibe aproximadamente 4,5 millones de pesos, la viceintendenta 4 millones y los secretarios de gabinete alrededor de 3,9 millones de pesos mensuales. Los motivos técnicos y legales del veto municipal En su decreto de veto, Dieminger sostuvo que la ordenanza aprobada padece de un «vicio técnico y conceptual gravísimo». Según el Ejecutivo, los concejales confunden los fondos fijos operativos con las compensaciones personales por la denominada responsabilidad funcional. El intendente explicó que el adicional busca compensar la «extrema carga de responsabilidad civil, penal y política» que asumen los funcionarios de alto rango. Afirma que este concepto está amparado por leyes provinciales que buscan proteger la seguridad jurídica de la gestión. Otro punto de conflicto es el artículo que prohibía crear conceptos similares en el futuro para reemplazar estos gastos. Para Dieminger, esto representa una extralimitación de las facultades del Concejo, ya que limita la capacidad del intendente para organizar su estructura funcional. Desde el Ejecutivo también se aclaró que los fondos fijos, destinados a gastos menores como telefonía o viáticos, están estrictamente controlados. Estos recursos son rendidos ante el Tribunal de Cuentas y, según la postura oficial, no deben ser considerados como parte del sueldo. El cruce de posturas en el recinto legislativo Durante el debate en el Concejo, la oposición cuestionó la falta de transparencia y la discrecionalidad en el uso de estos fondos extras. Se señaló que el municipio ya cubre de forma directa los gastos de movilidad y celulares, haciendo innecesario el porcentaje adicional. Por su parte, el concejal Daniel Pino defendió la labor de los funcionarios, destacando que muchos cumplen una «doble función» con pasión por la gestión. Citó como ejemplo a quienes asumen tareas adicionales en áreas sensibles sin recibir remuneraciones extra por esa labor. El debate interno del oficialismo fue evidente tras el voto disidente de tres de sus integrantes en la sesión de junio. Esto llevó a discusiones sobre el equilibrio de poderes y la necesidad de respetar las mayorías en un sistema plenamente democrático, según expresaron los ediles. El proyecto ahora deberá volver a comisión para un nuevo tratamiento parlamentario tras el veto del intendente. Para poder ratificar la ordenanza original, el Concejo Deliberante requerirá ahora una mayoría especial de dos tercios, lo que equivale a seis votos del cuerpo. Navegación de entradas Myrian Prunotto desembolsó casi 478 millones de pesos en su paso por Punilla «Mi patrimonio no creció»: El descargo de Dieminger tras blindar su sueldo de 4,5 millones.
