Claves del Caso Mekorot en Argentina: 12 provincias bajo contratos israelíes. Polémica por soberanía, derechos humanos y el futuro del agua. Nota/investigación exclusiva de Vea Noticias El «Caso Mekorot» representa una de las tramas más complejas de la gestión de recursos naturales en Argentina, involucrando a la empresa estatal de agua de Israel en contratos con 12 provincias. Esta compañía, Mekorot Water Company Ltd., es propiedad absoluta del Estado israelí y gestiona casi la totalidad del suministro hídrico en su territorio de origen. El desembarco masivo comenzó formalmente en 2022, presentándose como una solución técnica ante la crisis climática y la sequía prolongada que afecta al país. Sin embargo, lo que se promocionó como asistencia técnica devino en una controversia nacional sobre soberanía y derechos humanos. La expansión de la firma ha sido veloz, logrando injerencia técnica en la mitad de las jurisdicciones del territorio argentino en menos de tres años. Provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja y Río Negro han firmado convenios para el diseño de «Planes Maestros» hídricos. El objetivo oficial de estos documentos es optimizar el uso del agua mediante asesoría estratégica sobre tarifación, distribución y gestión de cuencas. A pesar de los anuncios de modernización, diversos sectores sociales alertan sobre la falta de transparencia en los términos pactados. El proceso de inserción de Mekorot en el país demuestra una notable transversalidad política que atraviesa las divisiones partidarias tradicionales. Eduardo «Wado» de Pedro, como exministro del Interior, fue el principal impulsor inicial tras liderar una misión técnica a Israel en abril de 2022. Aquella gira fundacional sentó las bases para que gobernadores de distintas extracciones políticas, tanto del peronismo como de la oposición, se sumaran al proyecto. Esta continuidad estatal se mantiene bajo la presidencia de Javier Milei, quien ha profundizado los vínculos con la corporación. Los primeros convenios se sellaron en septiembre de 2022 con Mendoza y San Juan, marcando el inicio de una cadena de firmas masivas. Posteriormente, en febrero de 2023, el Centro Cultural Kirchner fue el escenario donde se incorporaron provincias como Formosa, Santa Cruz y Catamarca. Para 2024 y 2025, el entramado ya incluía a Jujuy, Chubut, Santiago del Estero, Santa Fe y Córdoba, consolidando una red federal de consultoría. Incluso la empresa nacional AySA se sumó a la lista de entidades que reciben asesoramiento técnico de la firma israelí. El papel de la empresa estatal AySA es particularmente relevante en el contexto actual, ya que el gobierno nacional ha validado su asesoría directa. Los sindicatos y asambleas vecinales interpretan este acercamiento como una posible antesala a procesos de privatización del servicio de agua en el área metropolitana. Debido a limitaciones legales en Israel, Mekorot no puede comprar activos directamente en el exterior, por lo que opera mediante consultorías especializadas. No obstante, directivos de la empresa han confirmado su intención de asociarse con capitales privados locales para futuras licitaciones operativas. La justificación climática ha sido el eje central de la narrativa gubernamental para defender la presencia de Mekorot en el territorio nacional. Las provincias del oeste y del sur enfrentan una baja histórica en la cantidad de nieve en la Cordillera de los Andes y una sobreexplotación de acuíferos. Ante esta emergencia, se promocionó el modelo israelí como el estándar mundial para la «generación de agua en el desierto». Este argumento permitió que los gobiernos locales justificaran la contratación directa de la empresa sin pasar por licitaciones públicas previas. El mecanismo del secreto y la soberanía en disputa La arquitectura financiera de estos acuerdos descansa sobre el Consejo Federal de Inversiones (CFI), un organismo público que costea las consultorías. Es el CFI quien abona directamente en dólares los honorarios de Mekorot, como ocurrió con el plan de Río Negro, valuado en un millón de dólares. Este mecanismo permite que las provincias accedan a la tecnología internacional sin comprometer sus presupuestos inmediatos, facilitando una adhesión masiva. Sin embargo, este flujo de fondos externos ha permitido esquivar el control legislativo obligatorio en las provincias. Diversas asambleas socioambientales denuncian que los contratos se mantienen bajo un estado de «secreto constitucional» al no ser debatidos en el Congreso. El uso del CFI como intermediario ha evitado los llamados a licitación pública y las audiencias ambientales exigidas por los códigos de aguas locales. Colectivos en Mendoza, Río Negro y Catamarca han acudido a la justicia para frenar estos planes maestros por considerarlos inconstitucionales. La falta de consulta previa a comunidades originarias es uno de los puntos centrales de las demandas presentadas. Un aspecto jurídico alarmante revelado en las cláusulas contractuales es la cesión de soberanía jurídica hacia tribunales extranjeros. Ante cualquier incumplimiento o disputa legal entre las provincias argentinas y la empresa israelí, el caso se dirimiría en tribunales de Inglaterra. Esto implica que la legislación británica regiría sobre el manejo de un recurso estratégico de dominio provincial argentino. Esta renuncia a la jurisdicción nacional ha sido señalada como un precedente peligroso para la autonomía del Estado sobre sus bienes naturales. La coincidencia entre las provincias firmantes y las zonas con alta actividad extractiva sugiere un objetivo económico tras los Planes Maestros. Organizaciones locales denuncian que Mekorot busca cuantificar el agua disponible para garantizar seguridad hídrica a industrias como la megaminería y el litio. En regiones como Vaca Muerta, la gestión hídrica eficiente es vital para sostener el fracking petrolero a gran escala. De este modo, los planes técnicos encajarían con las necesidades de suministro de las corporaciones multinacionales que operan en estas áreas. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) aparece como el marco regulatorio que se beneficia directamente de esta nueva gestión hídrica. Los planes de Mekorot servirían para otorgar garantías legales de acceso al agua a inversores extranjeros bajo este régimen extractivista. Mientras tanto, crece el temor de que el consumo residencial y el acceso a los glaciares queden relegados frente a la demanda industrial. La prioridad de los recursos parece desplazarse desde el derecho humano hacia la seguridad de los proyectos de inversión. La resistencia ciudadana en provincias con tradición de lucha hídrica, como Mendoza, ha sido masiva bajo la consigna «El agua no se negocia». Las movilizaciones cuestionan que el modelo impuesto transforme el acceso al agua en una mercancía sujeta a tarifas prohibitivas. El debate llegó incluso a la Cámara de Diputados de la Nación, donde se tramitaron pedidos de informes sobre el involucramiento de la empresa. A pesar de la presión social, el despliegue de la compañía estatal israelí continúa avanzando en los despachos gubernamentales de todo el país. El historial internacional y el «Apartheid Hídrico» Mekorot arrastra un historial de denuncias por violaciones al derecho internacional que genera fuertes reparos en organismos de derechos humanos. Informes de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch la señalan como un actor clave en la ocupación de Palestina. Se le acusa de implementar un «apartheid hídrico», restringiendo el acceso al agua potable de la población palestina de forma militarizada. Mientras tanto, los asentamientos israelíes reciben suministros abundantes para piscinas y agricultura intensiva. Relatores de la ONU han denunciado que la empresa utiliza el control de los pozos de agua como un arma de presión geopolítica. Según estos organismos, Mekorot lucra directamente con la confiscación de recursos hídricos en Cisjordania y la Franja de Gaza. Las comunidades locales palestinas reciben caudales muy por debajo de los mínimos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Este patrón de gestión discriminatoria es el que genera alarma entre los colectivos sociales argentinos que rechazan los convenios locales. El rechazo a la firma israelí no es un fenómeno exclusivo de Argentina, sino que se repite en diversos escenarios globales. En los Países Bajos, la empresa pública de agua Vitens rompió lazos comerciales con Mekorot en 2013 tras advertencias de su propio gobierno. La decisión se fundamentó en que operar con la corporación israelí violaba el derecho internacional humanitario. De igual manera, países como Portugal y Brasil cancelaron contratos de cooperación técnica tras masivas campañas de boicot ciudadano. En la región latinoamericana, el caso de Chile es uno de los más recientes en materia de desvinculación con la corporación estatal. Tras fuertes presiones ciudadanas y denuncias de municipios afectados por la sequía, se impulsó la salida de la empresa de las asesorías técnicas. Los movimientos ambientales chilenos rechazaron el uso de fondos públicos para financiar a una empresa asociada a conflictos internacionales. Este precedente resuena con la situación argentina, donde la presión social logró frenar proyectos similares en el pasado. Argentina ya cuenta con un antecedente de fracaso contractual con Mekorot que se remonta a la gestión del Gran La Plata entre 2011 y 2014. En aquel entonces, la empresa ganó una licitación para construir una planta potabilizadora por 170 millones de dólares. Gremios y organizaciones de derechos humanos demostraron judicialmente que el pliego técnico violaba los estándares del Código Alimentario Argentino. Ante las irregularidades señaladas y la fuerte movilización vecinal, el gobierno de la provincia de Buenos Aires se vio obligado a dar de baja el contrato. A pesar de aquel traspié judicial y técnico, la empresa logró reingresar al país con una estrategia de consultoría más dispersa y menos visible. En lugar de grandes obras de infraestructura, ahora se enfoca en el asesoramiento estratégico y el diseño de normativas hídricas. Este cambio de táctica le ha permitido penetrar en estructuras gubernamentales sin la exposición que implica una licitación de obra pública. La actual gestión nacional de Javier Milei es la que más ha validado ideológicamente esta nueva forma de operación. El agua como mercancía bajo la era de la desregulación La postura de Javier Milei respecto a Mekorot está alineada con su visión de que el mercado debe regular el acceso a los recursos naturales. Durante su visita oficial a Israel, el presidente reafirmó explícitamente los convenios de gestión hídrica heredados de la gestión anterior. Para el mandatario, la escasez de agua se resuelve asignándole un valor económico y privatizándola para evitar su derroche. Esta filosofía choca frontalmente con la concepción del agua como un derecho humano de acceso libre e irrestricto. El gobierno promueve la inserción de Mekorot como un paso natural dentro de su agenda de libre mercado y alianza geopolítica incondicional con Israel. Bajo esta lógica, los Planes Maestros de la empresa estatal son vistos como la herramienta técnica ideal para asegurar inversiones. La reestructuración del marco regulatorio de AySA es parte fundamental de este esquema de privatización. El presidente sostiene que si el agua tiene un costo nulo para el usuario, las empresas y las personas no tienen incentivos para cuidarla. La estrategia internacional de Mekorot también se expande hacia Medio Oriente y Asia Central bajo un patrón similar de asesoría técnica. Tras los «Acuerdos de Abraham», la empresa comenzó a operar en Baréin, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos en proyectos de infraestructura. En países como Azerbaiyán y Kazajistán, supervisa plantas de desalinización y modernización de sistemas tecnológicos de control. Incluso en la India, elabora planes maestros con proyección al año 2050 para optimizar el agua destinada a la agricultura intensiva. En casi todos los países del Sur Global donde desembarca la empresa, las críticas por falta de transparencia son una constante. El temor social a la privatización del recurso y las campañas de boicot internacional acompañan sistemáticamente su expansión. En Argentina, la disputa por la soberanía hídrica se encuentra en un punto crítico con la judicialización de los acuerdos en varias provincias. Mientras el gobierno nacional profundiza su alianza con la firma, las asambleas populares denuncian un posible «saqueo hídrico» a largo plazo. El destino de los recursos naturales del país parece estar atado a estos contratos de consultoría que trascienden mandatos presidenciales. La combinación de crisis climática, necesidades de la industria extractiva y falta de controles parlamentarios ha creado un escenario ideal para la firma israelí. El agua, más que un recurso vital, se está convirtiendo en el eje de una disputa política entre la soberanía nacional y la lógica del mercado global. La vigilancia ciudadana y los fallos judiciales pendientes determinarán finalmente si el modelo de Mekorot se consolida o se retira de Argentina. Navegación de entradas ¿Argentina en oferta? El polémico plan de Milei para vender la ciudadanía a magnates por un millón de dólares Escándalo en Valle Hermoso: Era testigo clave, denunció «atrocidades» en Salud Animal y la despidieron tras declarar
