Ciudadanía argentina exprés y pasaportes dorados: Cuánto cuesta y quiénes podrán comprar el pasaporte bajo el nuevo plan oficial. La administración de Javier Milei ha puesto en marcha una de las propuestas más disruptivas de su gestión: la implementación de un programa de «pasaportes dorados». Según reveló recientemente el diario británico Financial Times, el Poder Ejecutivo evalúa otorgar la ciudadanía argentina exprés a magnates extranjeros a cambio de inversiones millonarias. Esta estrategia, denominada formalmente Ciudadanía por Inversión (CBI), busca transformar el documento nacional en un activo financiero para captar divisas de forma inmediata. El plan no es una mera declaración de intenciones, sino que cuenta con un andamiaje legal preliminar asentado mediante el Decreto 524/2025. A través de esta normativa, se creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (APCI), un organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Economía. El objetivo central es recolectar unos 2.500 millones de dólares en el mediano plazo para hacer frente a los exigentes vencimientos de la deuda externa. Los borradores del proyecto establecen dos vías principales para que un extranjero de alto poder adquisitivo acceda a la naturalización. La primera opción consiste en una donación o inversión productiva mínima de 500.000 dólares, mientras que la segunda exige la compra de bonos soberanos por 1 millón de dólares. Esta «oferta» es vista por analistas internacionales como una liquidación de temporada frente a los precios que exigen potencias de Europa u Oceanía. El engranaje institucional y el control de capitales La ejecución operativa de este programa recae en el Palacio de Hacienda, que tiene la potestad exclusiva de ajustar los umbrales económicos mínimos según las necesidades del mercado. Más allá de la simple entrega de divisas, el gobierno pretende que estos fondos se canalicen hacia sectores estratégicos como la energía, la infraestructura y la tecnología. Los proyectos presentados deberán demostrar un impacto real en la generación de empleo formal y el desarrollo regional. Un aspecto crítico de la medida es la celeridad administrativa que el Decreto 524/2025 impone a los organismos involucrados. Una vez que la Agencia de Inversión eleva el expediente, la Dirección Nacional de Migraciones dispone de un plazo de apenas 30 días hábiles para resolver la solicitud. Este procedimiento exprés busca saltear el requisito histórico de los dos años de residencia efectiva y el arraigo socioeconómico real que exige la ley vigente. Para contrarrestar las críticas sobre posibles riesgos de seguridad, el diseño contempla un protocolo de control multiagencial obligatorio. Antes de cualquier aprobación, se requerirán informes técnicos cruzados de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). El objetivo es auditar la trazabilidad de los fondos y el perfil geopolítico del solicitante para evitar que el país se convierta en un refugio de capitales ilícitos. Sin embargo, abogados constitucionalistas advierten que esta estructura omite el proceso judicial obligatorio ante un juez federal y el juramento de lealtad tradicional. Al mercantilizar el acceso a la nacionalidad, se estaría vulnerando el principio de igualdad ante la ley establecido en el Artículo 16 de la Constitución Nacional. Esta ruptura con la tradición jurídica argentina genera un fuerte rechazo en diversos sectores que ven en el plan un remate de la soberanía nacional. El costo de la soberanía en un mercado global en crisis La propuesta argentina surge en un momento donde este tipo de esquemas enfrenta un proceso de desmantelamiento en gran parte del mundo. La Unión Europea ha obligado a naciones como Chipre y Bulgaria a cerrar sus programas tras detectarse que facilitaron el ingreso de criminales internacionales. En Bruselas, consideran que la venta de ciudadanías socava la integridad de los bloques regionales y atrae redes de evasión fiscal. El prestigio del pasaporte argentino, que actualmente permite entrar sin visa a más de 170 destinos, podría verse seriamente comprometido por esta iniciativa. Expertos en migración de inversiones señalan que si los controles de seguridad fallan, el Reino Unido y el espacio Schengen podrían suspender sus acuerdos de exención de visado. El antecedente de países caribeños que perdieron estos beneficios por auditorías deficientes sirve como una advertencia para la Casa Rosada. Pese a los riesgos reputacionales, el Ejecutivo mantiene su apuesta bajo una lógica de libre mercado y pragmatismo financiero extremo. El gobierno entiende que el documento nacional es un activo valioso con el cual puede competir agresivamente contra programas de otros países. Al ofrecer un proceso eficiente a un costo de capital competitivo, Argentina busca posicionarse como un refugio estratégico para magnates de Silicon Valley y empresarios globales. La implementación oficial está prevista para el segundo semestre de 2026, una vez que se completen las adecuaciones normativas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Cada nuevo ciudadano recibirá de forma automática un número de CUIT controlado para asegurar su registro ante el fisco nacional. Esto obligará a los inversores a tributar en el país, permitiéndoles además operar comercialmente y abrir cuentas bancarias en el sistema local. La apuesta macroeconómica frente al escrutinio del FMI Desde la perspectiva macroeconómica, el ingreso de estos dólares «limpios» al Banco Central es visto como un alivio fundamental para las reservas. El Ministerio de Economía proyecta que atraer entre 2.500 y 4.000 grandes inversores globales permitiría cumplir con las metas de acumulación de reservas fijadas por el FMI. Este flujo alternativo de divisas evitaría depender exclusivamente de las exportaciones del agro para cancelar compromisos financieros. La opción de inversión en bonos soberanos tiene, además, un objetivo técnico: elevar la cotización de los títulos públicos y reducir el Riesgo País. Al generar una demanda artificial de papeles de deuda, el Estado logra financiarse a largo plazo para cubrir baches de liquidez inmediatos. Este mecanismo es presentado ante los mercados internacionales como una señal de la voluntad de pago de la Argentina sin recurrir a la emisión monetaria. No obstante, el Fondo Monetario Internacional suele auditar con extrema rigurosidad los ingresos provenientes de estos programas de «pasaportes dorados». Para que el organismo multilateral valide estos fondos en sus revisiones trimestrales, la transparencia en la trazabilidad del dinero debe ser total. La contratación de consultoras internacionales especializadas en due diligence profunda es uno de los pasos que el gobierno planea seguir para garantizar estos estándares. El debate sobre si la ciudadanía tiene precio sigue abierto en una sociedad que observa cómo su identidad se transforma en un bien de cambio. Mientras el oficialismo defiende la medida como una herramienta de financiamiento innovadora, la oposición cuestiona la degradación de los símbolos patrios. La resolución de esta puja definirá si Argentina se suma a la lista de naciones que ven en su nacionalidad una mercancía más en el mercado global. 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