Diego Santilli y las 14 sociedades offshore: un patrimonio bajo sospecha y la alianza con Javier Milei

Santilli: 14 offshore, Pandora Papers y una alianza con Milei bajo sospecha. ¿Qué oculta el patrimonio del referente de LLA?

Nota/investigación exclusiva de Vea Noticias

A la fecha del 29 de junio de 2026, una serie de investigaciones periodísticas y documentos oficiales han puesto bajo la lupa el patrimonio y la conducta política de Diego Santilli. El actual diputado nacional y referente de La Libertad Avanza enfrenta nuevas denuncias que señalan la existencia de al menos 14 sociedades en paraísos fiscales vinculadas a su círculo familiar directo. Estas estructuras, distribuidas en jurisdicciones de baja tributación como Florida y las Islas Vírgenes Británicas, contradicen el perfil de transparencia que el legislador intenta proyectar en su carrera pública.

Entre los hallazgos más destacados figura la empresa South Tourin LLC, registrada en Florida en diciembre de 2014, donde su hermano, Darío César Santilli, aparece como CEO. La firma se dedica formalmente al mercado inmobiliario y comparte domicilio con múltiples sociedades gestionadas por intermediarios dedicados a la creación de estructuras offshore. A pesar de que estas cuentas operan en territorios conocidos por su opacidad financiera, Santilli ha negado haber utilizado estos armados para obtener beneficios económicos personales.

La conexión con los denominados Pandora Papers también resurge en este contexto, vinculando a su madre, María Luisa Forchieri, con la firma Lakerise International Limited. Esta sociedad, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, registra como domicilio de contacto un departamento en el barrio porteño de Palermo que coincide con el de otras empresas de la familia. Llama la atención de los investigadores que Forchieri figure ante las autoridades locales como una simple monotributista mientras controla activos en el exterior.

Vínculos con contratistas y opacidad patrimonial

La investigación sobre el patrimonio del legislador revela también préstamos inusuales, como el crédito hipotecario de 550.000 dólares otorgado por Marcos Podestá. Podestá es identificado como el director de un conglomerado de empresas, entre ellas Rio Varadero SA, que ha sido proveedora recurrente de insumos de salud para el Gobierno de la Ciudad. Este flujo de dinero entre funcionarios y contratistas del Estado ha generado sospechas sobre una posible estructura de retornos encubiertos bajo la figura de préstamos personales.

Asimismo, en las declaraciones juradas de la familia Santilli se detectaron deudas de empresas como Siberia S.A. hacia la esposa del dirigente. Dicha compañía ha obtenido contratos para la producción de espectáculos públicos en territorio porteño mediante mecanismos de contratación que fueron cuestionados por la auditoría local. Estos nexos entre el ámbito privado y el ejercicio de la función pública refuerzan las críticas sobre la incompatibilidad de los ingresos lícitos declarados con el estilo de vida del legislador.

Incluso dentro de su propio espacio político original, Santilli fue objeto de seguimientos por parte de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri. Agentes de inteligencia del entorno de Patricia Bullrich lo investigaron bajo la hipótesis de un presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión como vicejefe de Gobierno. Estas indagaciones internas sugieren que las dudas sobre su evolución patrimonial no provienen únicamente de sectores opositores, sino también de su propio núcleo político.

Los conflictos diplomáticos y un desaparecido bajo el tapete.

A estas controversias se suma un recordado traspié en su gestión como ministro de Ambiente y Espacio Público porteño: el conflicto diplomático de mayo de 2010 por el busto de Mustafá Kemal Atatürk. En aquella oportunidad, Santilli autorizó inicialmente el emplazamiento del monumento en los bosques de Palermo, pero dio marcha atrás a contrarreloj ante los masivos reclamos de la comunidad armenia, que denunciaba al líder turco por la consolidación y negación del Genocidio Armenio.

El abrupto freno al homenaje desató un severo incidente internacional que llevó al entonces primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, a cancelar su visita oficial a la Argentina en señal de protesta, exponiendo las contradicciones de un Santilli que intentó desmarcarse públicamente de su propia firma argumentando supuestos impedimentos técnicos.

A esto se añade su rol como máxima autoridad de seguridad durante la desaparición del policía Arshak Karhanyan en 2019, caso en el que se denunciaron pruebas borradas y falta de apoyo a la familia. La desaparición de Arshak Karhanyan, un oficial de la Policía de la Ciudad de 27 años y origen armenio, ocurrió el 24 de febrero de 2019 y se convirtió en uno de los casos institucionales más polémicos de la gestión de Diego Santilli, quien en ese momento lideraba el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. El rol de Santilli y el accionar de la propia fuerza porteña han sido severamente cuestionados por la familia de la víctima y por organismos de derechos humanos debido a graves fallas operativas e indicios de encubrimiento.

El expediente judicial estuvo marcado por «increíbles errores» y negligencias cometidas principalmente por la Policía de la Ciudad, la misma fuerza a la que pertenecía Arshak.

Una junta de peritos informáticos confirmó que los datos del teléfono celular de Arshak se borraron por completo mientras el dispositivo estaba en poder de la fuerza policial encargada de la investigación. Se denunció el borrado e interrupción en las grabaciones de las cámaras de seguridad públicas del sistema de la Ciudad en las zonas clave por donde transitó el oficial antes de desaparecer. Horas antes de desaparecer, Arshak mantuvo una conversación sospechosa en la calle de casi una hora con Leonel Alejandro Herba, un compañero de la fuerza. Herba declaró que hablaban de la compra de un auto, una versión que no coincidía con las finanzas familiares.

La madre de Arshak, Vardush Davtyan, ha manifestado públicamente el abandono institucional sufrido durante la gestión local. Dirigentes de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, como la legisladora Victoria Montenegro, señalaron directamente que Santilli «no lo buscó un solo día» y permitió que se consolidara una trama de impunidad en el corazón de la Ciudad. Aunque la familia mantuvo reuniones con las autoridades políticas para exigir mayor compromiso, las promesas no se tradujeron en medidas efectivas.

La causa estuvo paralizada durante años bajo la órbita del entonces juez Alberto Baños, hoy secretario de Derechos Humanos de la Nación. Baños fue recusado y denunciado por la querella familiar por haber delegado la investigación en la misma Policía de la Ciudad sospechada de encubrimiento.

El caso continúa abierto, bajo una fuerte presión internacional tras la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, y sigue siendo uno de los antecedentes más complejos en el historial de seguridad de Diego Santilli.

El vínculo con Generación Z.

Leonardo Cositorto, el líder de la organización piramidal Generación Zoe, desató un fuerte escándalo político al declarar públicamente desde prisión que financió con 32.500 dólares en efectivo la campaña legislativa de Diego Santilli en 2021. Estas declaraciones fueron realizadas en entrevistas radiales (como en Radio Splendid) desde la Unidad Penal N.º 6 de Goya, Corrientes, donde Cositorto se encuentra cumpliendo una condena de 12 años por estafas reiteradas y asociación ilícita.

Aunque el ahora actual jefe de gabinete negó rotundamente estos vínculos y acusaciones, según el relato detallado por Cositorto, el puente con el entorno de Santilli se construyó a través de Gabriel González (reconocido actor por su personaje «Rosita de Pasión» y uno de los principales difusores y operadores políticos de Generación Zoe).

González le presentó al exintendente de Quilmes, Martiniano Molina. Molina lo habría invitado a un almuerzo político en el que —siempre según la versión de Cositorto— participaron figuras de la cúpula de Juntos por el Cambio, incluyendo a Horacio Rodríguez Larreta, Cristian Ritondo, Federico Pinedo y el propio Diego Santilli.

Durante ese encuentro, los armadores políticos le manifestaron la preocupación de que «les robaban los votos» por falta de recursos para sostener la fiscalización en la provincia de Buenos Aires entre las elecciones PASO y las generales. Cositorto ofreció hacerse cargo del 50% de ese gasto.

El financiamiento acordado fue de 6,5 millones de pesos de ese entonces, una cifra equivalente a 32.500 dólares al tipo de cambio de 2021. Cositorto afirmó que el dinero se entregó en efectivo y en mano dentro de sus propias oficinas de Generación Zoe. Detalló que operadores de la campaña retiraron los fondos en bolsos y que incluso se firmó un recibo informal que documentaba el movimiento de la plata. Al tratarse de un circuito marginal, este dinero jamás fue declarado ante la Cámara Nacional Electoral (CNE).

El líder de Zoe sumó a su acusación que la organización también aportó dinero para auspiciar el auto de carrera de Nicanor, el hijo de Diego Santilli que competía en categorías de automovilismo (TC), exhibiendo logos de la empresa en los vehículos.

Cositorto aclaró desde la cárcel que no guardaba un encono personal con Santilli, sino que su confesión pública respondía al orgullo y al rechazo de ser ignorado tras el estallido del fraude Ponzi: “Lo que me molesta es que ahora salen a negarme como si tuviera lepra”, lanzó furioso, asegurando que los apoyó genuinamente en 2021 porque «quería un cambio para la Argentina». En esa misma declaración, admitió también haber aportado fondos para la campaña de Javier Milei en 2023.

Ante la gravedad de las acusaciones de financiamiento ilegal con dinero proveniente de una estafa masiva, Diego Santilli rechazó de forma categórica cualquier vínculo con el estafador. El actual funcionario libertario aseguró públicamente: «No lo conozco, no tengo ningún vínculo. No sé quién es, nunca tuve relación en mi vida».

Al ser confrontado con imágenes de actividades proselitistas en 2021 donde ambos aparecen en el mismo recinto, Santilli argumentó que se trató de una «burda operación de prensa». Explicó que asistió de forma protocolar a la presentación de un libro de Martiniano Molina que se realizó en un acto público y abierto con cientos de asistentes, escenario en el cual Cositorto se ubicó al fondo del salón como un espectador más, sin mediar reuniones privadas ni acuerdos financieros.

Del rechazo presidencial a la alianza estratégica

En el terreno político, la posición actual de Santilli resulta paradójica frente a las declaraciones históricas de quien hoy es su principal aliado, Javier Milei. Durante 2023, el actual Presidente calificó repetidamente a Santilli como un «corrupto» y un «inútil» que no podía explicar su nivel de vida. Milei llegó a afirmar en redes sociales que el dirigente se movía exclusivamente por negocios y que representaba lo más rancio de la política tradicional.

A pesar de haberlo tildado de «engendro» y de acusarlo de utilizar fondos públicos para costear fiestas personales, el discurso presidencial cambió drásticamente tras la convergencia electoral. Santilli pasó de ser un «pésimo candidato» a convertirse en una figura central de la lista oficialista para las elecciones de octubre. Este giro discursivo deja en evidencia la flexibilidad de las alianzas políticas actuales frente a las graves acusaciones de malversación y evasión que se mantienen vigentes.

El diputado es hoy uno de los principales impulsores de la ley de «Ficha Limpia», una iniciativa que busca impedir que personas con condenas judiciales ocupen cargos públicos. No obstante, la viralización de sus vínculos con paraísos fiscales y las investigaciones sobre su patrimonio han puesto en duda la coherencia de este reclamo. Sectores críticos señalan que la militancia por la transparencia choca directamente con la opacidad de sus propias estructuras financieras en el exterior.

En octubre de 2025, el sistema judicial también intervino en su trayectoria electoral, inicialmente rechazando su postulación en la provincia de Buenos Aires tras la salida de José Luis Espert. Aunque la Cámara Nacional Electoral finalmente habilitó su candidatura, la resistencia inicial se basó en cuestionamientos sobre su domicilio y la paridad de género en las listas. Este recorrido judicial se suma a la imagen de un candidato que ha sabido adaptarse a diversos escenarios políticos para mantener su vigencia.

El reflote de la noticia de las 14 sociedades familiares offshore llega en un momento de alta sensibilidad económica para el país, donde la evasión de capitales es un tema de debate central. Mientras el legislador continúa su campaña presentándose como una alternativa de gestión eficiente, las pruebas documentales sobre sus empresas en el extranjero siguen acumulándose. La pregunta que persiste es si las explicaciones dadas hasta ahora bastarán para satisfacer a una ciudadanía que exige mayor claridad sobre el origen de los fondos políticos.

El escenario político próximo estará marcado por este contraste entre el discurso de austeridad y la realidad de los activos en paraísos fiscales. Diego Santilli enfrenta el desafío de desvincular su imagen de las graves denuncias de corrupción que el mismo presidente Milei supo esgrimir en su contra. El desenlace de estas investigaciones patrimoniales será determinante para definir su futuro político y su peso dentro de la estructura de poder del oficialismo.