Juez nombró a 52 municipales con anteceden . El archivo que golpea su discurso de transparencia. El caso de Claudio Barrelier ha reactivado la memoria sobre una de las mayores irregularidades institucionales en la Municipalidad de Córdoba. En 2009, se descubrió que la gestión de Luis Juez incorporó a decenas de personas con procesos judiciales abiertos o condenas firmes, desafiando las normativas de contratación vigentes. La investigación administrativa confirmó que un total de 52 agentes municipales poseían antecedentes penales o presentaron documentación falsificada para ingresar al Estado. Estas contrataciones violaron directamente el estatuto municipal, que prohíbe la incorporación de personal con este tipo de prontuarios para garantizar la idoneidad en el servicio público. El origen del conflicto se remonta al cierre de la gestión de Juez en 2007, cuando se autorizó un pase masivo a planta permanente de 4.500 contratados. Este proceso se realizó sin los controles básicos de calidad, omitiendo incluso la exigencia de presentar el certificado de buena conducta de los ingresantes. Fue bajo la intendencia de Daniel Giacomino que una auditoría exhaustiva sacó a la luz estas irregularidades en diversas áreas operativas del Palacio 6 de Julio. El hallazgo derivó en un proceso legal de exoneración y cesantía para depurar la planta de empleados que habían sido efectivizados de manera irregular. Entre los delitos detectados en los legajos de los empleados figuraban causas por tentativa de robo y otras faltas que inhabilitaban legalmente el acceso a la administración pública. Algunos de estos agentes habían sido ubicados en áreas sensibles, representando un riesgo para la integridad institucional del municipio. La desvinculación de los primeros 34 agentes se realizó mediante un acuerdo tácito con el sindicato municipal SUOEM. El gremio aceptó no protestar las bajas debido a que los perfiles eran «indefendibles», siempre y cuando el municipio no hiciera pública la lista de nombres para evitar un escándalo mayor. Dentro de los casos más polémicos se mencionó el de un familiar directo de Miguel «Cocó» Cabrera, integrante del círculo íntimo de Luis Juez. Asimismo, trascendieron informes sobre un agente designado que enfrentaba denuncias por delitos de extrema gravedad judicial, lo que evidenció la falta de filtros en el área de Capital Humano. Este escándalo puso en evidencia la ineficacia de la Carta Orgánica Municipal, que desde 1995 exige concursos públicos abiertos para ingresar al Estado. Las gestiones sucesivas ignoraron esta cláusula, transformando el ingreso a la municipalidad en una herramienta de clientelismo que alcanzó su clímax durante el mandato juecista. A pesar de la gravedad de los hechos, las identidades de los 52 exonerados se mantuvieron bajo secreto administrativo durante años. El uso de expedientes internos y la aplicación de la ley de protección de datos personales evitaron la difusión masiva de los nombres, protegiendo a los involucrados de la estigmatización civil. Actualmente, el registro histórico de estas contrataciones sigue persiguiendo al hoy senador nacional en el debate político cordobés. El contraste entre su discurso de transparencia y la realidad de los nombramientos irregulares detectados en su gestión continúa siendo un punto crítico que resurge ante nuevos casos de inseguridad. Navegación de entradas Córdoba: histórica caída del 18% en homicidios y récord en la reducción de robos y hurtos Dos condenas por violencia de género en Córdoba y justicia para Valentina y Roxana
