Dos condenas por violencia de género en Córdoba y justicia para Valentina y Roxana

Justicia en Córdoba: Condenan a agresores por violencia de género e indignación de las víctimas: '8 años no son nada'.

La justicia de la provincia de Córdoba dictó recientemente sentencias en dos casos de violencia de género que conmocionaron a la región. En los tribunales de la capital y de Río Tercero, se establecieron penas de prisión efectiva para los agresores tras procesos que ventilaron años de maltratos.

Federico Blumenthal, un empresario de Alta Gracia, fue condenado a ocho años de cárcel por la Cámara Cuarta del Crimen. El tribunal lo halló culpable de nueve hechos delictivos cometidos contra su expareja, Valentina Bustos Lluch, quien visibilizó el caso mediante denuncias en redes sociales.

La lista de delitos por los que Blumenthal recibió condena incluye abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad, robo y coacción. Además de la reclusión, se le ordenó pagar un resarcimiento económico de 32 millones de pesos a la víctima por daños morales y materiales.

Uno de los episodios más críticos del expediente ocurrió en julio de 2024, durante la noche del Día del Amigo. El empresario propinó una brutal golpiza a la mujer frente a sus hijos de cuatro y cinco años, cesando la agresión solo por la rápida intervención policial.

Durante el debate, la fiscal de Cámara Laura Battistelli había solicitado una pena de 13 años, mientras que la querella pidió 16 años de prisión. La víctima manifestó su profundo malestar con el fallo final, considerando que ocho años resultan escasos frente a la gravedad del daño.

Valentina advirtió sobre el peligro futuro, señalando que el propio psicólogo del condenado lo describió como una persona con rasgos psicopáticos. Para la mujer, existe el riesgo latente de que el agresor busque nuevas víctimas o intente atacarla nuevamente al recuperar su libertad.

En un caso paralelo en Río Tercero, un hombre de 64 años identificado como R.A.L. fue sentenciado a siete años y nueve meses de prisión. La víctima, Roxana, relató haber sufrido casi una década de abusos sexuales continuados, amenazas de muerte y aislamiento forzado.

El calvario de la mujer se profundizó cuando la pareja se mudó a Santa Rosa de Calamuchita en el año 2020. El agresor aprovechó el alejamiento de los vínculos familiares de Roxana y su diagnóstico de cáncer para profundizar las maniobras de manipulación y control.

La detección de la violencia fue posible gracias a la intervención de una enfermera y una psicóloga de un dispensario local. El personal de salud notó signos de maltrato cuando la mujer asistía a sus tratamientos médicos, brindándole el apoyo necesario para formalizar la denuncia.

Roxana calificó el fallo judicial como «absurdo e injusto» debido a que la condena se resolvió mediante un juicio abreviado. Según su testimonio, ella esperaba una pena mínima de 19 años de cárcel dada la sistematicidad de los abusos y las amenazas padecidas.

El condenado ya contaba con antecedentes por desobediencia a la autoridad y había violado restricciones perimetrales de forma reiterada. En agosto de 2025 fue detenido tras ingresar ilegalmente a la propiedad de la víctima, permaneciendo bajo custodia hasta el dictado de la sentencia.

Ambos procesos judiciales resaltan la importancia del acompañamiento profesional y la denuncia temprana para interrumpir ciclos de violencia extrema. Sin embargo, las víctimas coinciden en que los montos de las penas no reflejan la magnitud del calvario vivido durante años de hostigamiento.