Nota/investigación exclusiva de Vea Noticias En un reciente encuentro llevado a cabo en la sala Tito Pousa, el intendente de La Falda, Javier Dieminger, presentó los lineamientos de lo que se pretende sea la nueva Ordenanza de Patrimonio Cultural y Natural de la ciudad, un proyecto que, lejos de despejar todas las dudas, ha sembrado una serie de interrogantes sobre la profundidad y la transparencia de su implementación futura. Aunque la iniciativa se presenta oficialmente como la base para el sostenimiento de la identidad local, el discurso oficial deja entrever tensiones políticas no resueltas, especialmente en lo que respecta al histórico Chalet Miramontes, cuya situación ha evidenciado una falta de coordinación entre el Concejo Deliberante, el Poder Ejecutivo y la Junta de Historia. Resulta paradójico que se proponga una «ordenanza marco» para regular la totalidad de la ciudad cuando todavía no existe una resolución definitiva sobre uno de sus emblemas patrimoniales más significativos, lo que sugiere que el proyecto podría estar funcionando más como una respuesta de emergencia ante conflictos institucionales que como un plan de preservación integral y consensuado. Uno de los puntos que genera mayor inquietud jurídica es la interpretación de las autoridades sobre la jerarquía de las normas que regirán estos convenios. Según las declaraciones del mandatario, tanto la ordenanza general como los convenios específicos con los propietarios tendrían la misma relevancia legal, una afirmación que podría colisionar con los principios básicos del derecho administrativo donde la norma general debería dar el marco de seguridad por sobre el acuerdo particular. Esta ambigüedad técnica se suma a una notable discrecionalidad en el sistema de compensaciones económicas para los dueños de estas propiedades; al establecerse que cada caso es específico y que el acuerdo dependerá de la intervención que se le exija al propietario, se abre una puerta a negociaciones individuales que carecen de una tabla de valores objetiva y pública. El hecho de que la protección esté supeditada a si el mantenimiento resulta «redituable» o no para el dueño, plantea el riesgo de que el interés histórico quede subordinado a la capacidad económica del titular o a la voluntad política del gobierno de turno para otorgar beneficios. La magnitud real del impacto de esta ordenanza también ha sido puesta bajo la lupa, dado que el propio ejecutivo municipal estima que apenas unas diez propiedades en toda La Falda terminarían efectivamente bajo este régimen de protección, descartando de plano que la lista pueda llegar siquiera al centenar. Esta cifra, sorprendentemente reducida para una ciudad con la carga histórica de La Falda, obliga a los vecinos a preguntarse bajo qué criterios de selección se elegirá ese puñado de edificios y si la ordenanza no estará diseñada para situaciones muy puntuales en lugar de responder a una verdadera política de Estado sobre el patrimonio. Además, el enfoque del proyecto parece estar fuertemente inclinado hacia la explotación comercial, mencionándose de manera explícita que los dueños podrían transformar estas casas históricas en hoteles boutique como un «proceso virtuoso» para obtener rédito económico. Esta visión empresarial del patrimonio, si bien puede garantizar la conservación edilicia, deja un vacío sobre qué sucederá con aquellos espacios de alto valor cultural que no posean un potencial comercial inmediato o que simplemente no encajen en el modelo de negocio turístico. Finalmente, la ordenanza intenta abarcar también el patrimonio natural, incluyendo regulaciones para zonas rojas y amarillas de protección ambiental, pero lo hace sobre un terreno legal todavía inestable. El intendente reconoció que estas delimitaciones aún se están trabajando a nivel provincial para ser determinadas fehacientemente, lo que coloca a la normativa local en una posición de precariedad al depender de definiciones externas que aún no están firmes. Legislar sobre la convivencia de lo natural y lo urbano sin tener mapas de riesgo y protección definitivos por parte de la autoridad superior podría generar conflictos legales a futuro o dejar desprotegidas áreas sensibles bajo la promesa de una protección que todavía no tiene un respaldo técnico provincial completo. En este escenario, lo que se presenta como una herramienta para fortalecer la identidad de La Falda termina dejando a la comunidad con más preguntas que certezas sobre quiénes serán los verdaderos beneficiarios de estas regulaciones y si el patrimonio de todos terminará siendo decidido en acuerdos cerrados de oficina. Navegación de entradas Doble candado en La Falda: Si debés te bloquean cualquier trámite, y si pedís exención, el silencio te la niega
