40 millones al mes: Spadoni admite el gasto pero oculta qué hacen sus becados VIP

Nota/investigación exclusiva de Vea Noticias

La administración de los recursos públicos en Valle Hermoso ha cobrado una renovada relevancia tras el reciente descargo público del intendente Daniel Spadoni frente a un medio informativo de la localidad de Cosquín, quien, lejos de refutar los datos técnicos presentados en las investigaciones de este medio, ha validado la existencia de un sistema de becas que hoy demanda una inversión mensual de aproximadamente 40 millones de pesos de la caja municipal. Ante las acusaciones de intencionalidad política y de «operaciones de la oposición», expresadas por Spadoni y por el entrevistador, resulta fundamental retomar el eje de la discusión basándose exclusivamente en la solidez de los documentos oficiales, los decretos municipales y las propias textualidades del mandatario, con el fin de brindar a la comunidad una visión objetiva sobre el funcionamiento de este programa.

El primer punto de concordancia entre la información periodística de VEA Noticias y la versión oficial es el monto total de la erogación. El intendente confirmó fehacientemente que «son aproximadamente 40 millones de pesos en becas» y aclaró que, efectivamente, «el municipio lo paga», despejando cualquier duda sobre el origen local de estos fondos. La justificación técnica para mantener este sistema bajo la figura de «beca» radica, según las palabras de Spadoni, en un ahorro para el municipio al omitir el pago de cargas sociales, aportes jubilatorios, obra social y la Ley 19032 de infraestructura social. Esta práctica, descrita por el Ejecutivo como una forma de «cuidar el bolsillo al contribuyente», plantea una contradicción de fondo con la naturaleza jurídica de una beca de capacitación, la cual, según los propios decretos municipales, debería estar orientada a que el vecino adquiera idoneidad y experiencia, y no a cubrir funciones de responsabilidad jerárquica evadiendo obligaciones de la seguridad social.

La disparidad en los montos percibidos por los beneficiarios es otro hecho verificable a través de las planillas de enero a octubre de 2025. Los documentos reflejan una brecha de 22 a 1 entre los extremos del escalafón: mientras becados como Leonardo Barrionuevo y Aníbal Ferreira han alcanzado techos cercanos a los 1,2 millones de pesos mensuales en junio, otros como Mario Aguirres han permanecido con un monto base de 50.000 pesos durante diez meses consecutivos, sin registrar actualizaciones por inflación. El intendente argumentó que estas diferencias responden a que ciertos becados «tienen a cargo un área», poseen títulos profesionales y asumen mayores responsabilidades. Sin embargo, el análisis documental de los decretos revela una ausencia total de descripciones funcionales; en ningún instrumento público se detalla qué tarea específica desempeña cada becado ni cuáles son los títulos que justifican salarios de nivel gerencial bajo una figura de «capacitación».

Esta falta de claridad en los documentos oficiales es lo que genera un vacío informativo sobre la contraprestación real de los servicios. Si bien el intendente sostiene que «todo está en la página de la municipalidad» y que la información es transparente, la realidad documental muestra decretos que se limitan a asignar montos globales sin desglosar la naturaleza del trabajo. Incluso los paliativos económicos implementados, como el Decreto 262/2025 que otorgó un bono de refrigerio de 25.000 pesos y uno extraordinario de 10.000, o el Decreto 316/2025 con un bono de 40.000 pesos en octubre, confirman que el municipio reconoce una insuficiencia en los montos de base para la mayoría de los becados, aunque mantenga los privilegios para la cúspide de la pirámide.

En conclusión, el debate no gira en torno a interpretaciones subjetivas, sino a la coexistencia de dos realidades documentadas: un ahorro municipal basado en la precarización de los aportes sociales y una estructura salarial interna profundamente desigual que no especifica las funciones de sus beneficiarios más favorecidos. Al validar que la información es pública y que los montos son correctos, el propio Ejecutivo confirma que la fiscalización vecinal se sustenta en datos reales. El derecho a la información pública no se agota con la publicación de un decreto, sino con la posibilidad de que el ciudadano comprenda con exactitud en qué y por qué se invierte cada peso de sus impuestos, una claridad que hoy, ante la falta de detalles funcionales en los documentos del municipio, sigue siendo una demanda pendiente.