Nota/investigación exclusiva de Vea Noticias A mediados de mayo de 2026, al desandar el camino administrativo de la Municipalidad de Valle Hermoso durante el último año y medio, emerge una estructura de gestión que parece haber normalizado la excepcionalidad bajo el paraguas de una «Emergencia Económico-Financiera» que se percibe inagotable. El análisis pormenorizado de los decretos emitidos durante 2025 revela una contradicción sistémica que pone en tela de juicio la equidad del ajuste municipal, ya que mientras la Ordenanza Nº 1130/2023 se utilizó de manera recurrente como el fundamento legal para rescindir contratos de agentes y justificar recortes en áreas sensibles, la administración no mostró la misma austeridad al momento de financiar una nutrida agenda de espectáculos o sostener sueldos jerárquicos que desafiaron cualquier lógica de crisis. Esta «emergencia selectiva» queda plasmada en documentos como los Decretos Nº 083/2025 y Nº 135/2025, donde el municipio dio de baja vínculos laborales alegando expresamente que la situación económica imponía tales decisiones, configurando un escenario donde el hilo de la restricción presupuestaria se cortó, invariablemente, por el lado de los eslabones más débiles de la planta de trabajadores. La narrativa oficial de la escasez, utilizada para prorrogar la emergencia en junio de 2025 mediante el Decreto Nº 195/2025, se sostuvo sobre la premisa de un «magro incremento en la recaudación» y una merma considerable en la distribución de recursos nacionales y provinciales, argumentos que sirvieron para blindar legalmente a la gestión frente a reclamos gremiales y sociales. Sin embargo, esta supuesta asfixia financiera no impidió que el municipio recurriera a un endeudamiento constante a través de solicitudes de préstamos al Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales, según se observa en los Decretos Nº 197/2025 y Nº 293/2025. Lo que resulta periodísticamente cuestionable no es el acceso al crédito en sí, sino el destino y la coexistencia de este pasivo con gastos en servicios prescindibles que, en un contexto de verdadera emergencia, deberían haber sido los primeros en ser auditados. Mientras se alegaba falta de fondos para el funcionamiento cotidiano, la chequera municipal se mantuvo abierta para costear servicios de sonido de alta gama por montos millonarios, como el registrado en el Decreto Nº 221/2025 por un millón y medio de pesos, o contrataciones para «Master Classes» de apenas 120 minutos de duración que, aunque de montos menores, exponen una priorización del gasto recreativo por sobre la consolidación de los servicios básicos esenciales. El punto más crítico de esta asimetría financiera se encuentra en la estructura de los contratos profesionales de la alta jerarquía municipal, que parecieron habitar una realidad económica paralela a la de los becados y empleados de base. El cruce de datos entre las distintas áreas permite ver cómo, mientras el municipio rescindía contratos de pocos miles de pesos, se blindaban y aumentaban sistemáticamente los haberes de figuras clave como la Asesoría Legal o la Dirección de Salud. Hacia octubre de 2025, el Decreto Nº 301/2025 deja constancia de pagos que ya rozaban o superaban el millón y medio de pesos mensuales; por ejemplo, la Dra. María Carolina Perea percibía $1.569.610,00 y el Dr. Ricardo Oscar Agost cobraba $1.460.130,00. Estas cifras, analizadas a la luz de mayo de 2026, demuestran que la «emergencia» fue, en la práctica, una herramienta de gestión política para limitar derechos laborales de la base y reestructurar el plantel de forma discrecional, sin afectar los privilegios de una élite administrativa cuyos ingresos crecieron a un ritmo muy superior al de la recaudación que el propio municipio tildaba de «magra». En definitiva, la gestión de Valle Hermoso durante este periodo configuró un modelo de «austeridad selectiva» donde el discurso del sacrificio fue unívoco para los vecinos y el personal de menor rango, pero inexistente para los contratos de lujo y los eventos de visibilidad pública. La vigencia eterna de la emergencia permitió a la administración sortear las rigideces del presupuesto ordinario y el control del Concejo Deliberante en muchos aspectos, facilitando un manejo de fondos que, si bien puede haber cumplido con la forma legal, careció de una ética de la equidad en la distribución del ajuste. La comunidad de Valle Hermoso enfrenta hoy las consecuencias de un endeudamiento que no se tradujo en obras de infraestructura estructural, sino en el sostenimiento de una maquinaria burocrática costosa y una agenda de espectáculos que, en retrospectiva, parecen haber sido los velos con los que se intentó cubrir una realidad financiera mucho más compleja y desigual de lo que los discursos oficiales estaban dispuestos a admitir. Navegación de entradas Opciones de préstamos personales para jubilados y pensionados La trama detrás de las 10 viviendas que dos gestiones dejaron a medio construir en Valle Hermoso