La trama detrás de las 10 viviendas que dos gestiones dejaron a medio construir en Valle Hermoso

Nota/investigación exclusiva de Vea Noticias

Llegando a mediados de mayo de 2026, la herida abierta por el programa habitacional «Casa Propia – Construir Futuro» en Valle Hermoso sigue siendo un testimonio elocuente de las fallas en la continuidad institucional y la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a la burocracia estatal. La génesis de este conflicto se remonta al 4 de mayo de 2023, cuando la gestión municipal anterior, encabezada por el entonces intendente Jorge Caserio, dictó el Decreto Nº 134/2023 para destinar diez inmuebles del dominio privado municipal a la construcción de viviendas sociales. En aquel momento, el proyecto nacía bajo el ala del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, con la promesa de entregar hogares terminados. El punto de inflexión mediático y político ocurrió el 25 de noviembre de 2023, apenas días antes del traspaso de mando, cuando se realizó el sorteo público de las unidades ante escribana. No obstante, la normativa original era clara al estipular que el mecanismo de financiación y la adjudicación definitiva solo se concretarían una vez que las obras estuvieran «finalizadas completamente», una condición que el destino y la gestión financiera posterior se encargarían de incumplir sistemáticamente.

Con el cambio de gobierno en diciembre de 2023, la administración del Intendente Daniel Francisco Spadoni heredó un proyecto que, según los informes técnicos del arquitecto Néstor Sueldo, presentaba un avance de obra de entre el 77,55% y el 83,22% hacia mayo de 2025. La gestión actual justificó la paralización de los trabajos alegando que el Estado Nacional había dejado de enviar las remesas de fondos previstas para la terminación de las viviendas, lo que sumió a las diez familias adjudicatarias en un limbo de incertidumbre. Sin embargo, la solución adoptada por la administración de Spadoni, formalizada a través de los Decretos Nº 160/2025 y Nº 172/2025, configuró lo que diversos analistas califican como un «chantaje administrativo». En lugar de gestionar los fondos faltantes o absorber el costo final como responsabilidad del Estado municipal, el municipio optó por entregar la tenencia de las casas a medio terminar, pero bajo condiciones legales extremadamente rigurosas que obligaron a los vecinos a hacerse cargo de la ineficiencia gubernamental.

Lo más cuestionable de este proceso, analizado desde una perspectiva periodística crítica, es la naturaleza de los documentos que los beneficiarios fueron forzados a firmar para acceder a sus techos. El municipio exigió que los adjudicatarios manifestaran por escrito su voluntad de recibir las viviendas en su estado actual, comprometiéndose a finalizar las obras por sus propios medios y asumiendo todos los costos técnicos y económicos derivados de ello. Esta maniobra no solo traspasó una carga financiera privada a lo que debía ser una solución pública, sino que incluyó una cláusula de indemnidad que blindó legalmente a la Municipalidad de Valle Hermoso ante cualquier reclamo futuro por los retrasos o el estado de las unidades. Al firmar, los vecinos no solo aceptaron una casa inconclusa, sino que renunciaron a su derecho de exigir que el Estado cumpliera con la promesa original del programa «Construir Futuro», liberando a los funcionarios actuales y pasados de su responsabilidad civil y administrativa por el incumplimiento del contrato original.

En retrospectiva, el caso de las viviendas de la Manzana «T» expone una realidad donde la supremacía del Estado se utilizó para resolver una crisis fiscal a costa del patrimonio de las familias más necesitadas. La entrega efectiva de las llaves en la primera quincena de mayo de 2025, lejos de ser un acto de justicia social, fue el cierre de un círculo de desamparo institucional donde el vecino terminó pagando su vivienda dos veces: primero con la larga espera y la ilusión del sorteo en 2023, y luego con el desembolso personal de materiales y mano de obra para terminar lo que dos gestiones distintas dejaron a medias. Mientras la gestión anterior inició el proyecto bajo un marco de financiación nacional que se evaporó, la gestión actual firmó el acta de defunción de la responsabilidad estatal, dejando un precedente peligroso en el que la necesidad habitacional de la gente se convierte en la moneda de cambio para obtener renuncias a derechos fundamentales y el blanqueo de obras públicas defectuosas o incompletas.