La Iglesia de Córdoba se une a la polémica sobre la prohibición de limpiavidrios y cuidacoches ilegales en la ciudad

La Iglesia local manifestó su preocupación por el impacto social de la medida, que prohíbe la actividad de limpiavidrios y cuidacoches ilegales, y propone una tercera vía entre el caos actual y la prohibición punitiva. El padre Munir Bracco, titular de la Pastoral Social y la Vicaría de los Pobres, sostuvo que la postura eclesiástica no defiende la informalidad ni la violencia, sino que propone un sistema de regularización que incluya un registro oficial de cuidacoches, el uso de indumentaria identificatoria, zonas delimitadas y métodos de cobro transparentes.

En diálogo con Cadena 3, Bracco advirtió sobre la peligrosidad de generalizar y criminalizar a todo el sector bajo el concepto de «mafia», señalando que hoy seis de cada diez cordobeses tienen dificultades para llegar a fin de mes. «No queremos que siga todo igual, de ninguna manera. Por eso proponemos la regulación estatal, la seguridad y, junto con eso, la inclusión social», explicó el sacerdote.

La Iglesia propone un enfoque socioeconómico para abordar el problema, en lugar de la exclusión. El padre Bracco confirmó que acercarán formalmente esta propuesta técnica a los concejales, buscando que se considere la reinserción laboral en lugar de la prohibición de la actividad.

La Legislatura había aprobado recientemente ordenanzas que prohíben la actividad de limpiavidrios y cuidacoches ilegales, lo que ha llevado a la Policía a tener vía libre para actuar y sancionar a quienes no estén registrados por los municipios.

La postura eclesiástica busca encontrar una solución que combine la seguridad con la inclusión social, y evitar la exclusión de sectores vulnerables. «Hay delincuentes que se ponen un chaleco como hay delincuentes que se ponen saco y corbata. La corrupción es corrupción venga de donde venga», sentenció el sacerdote.

En resumen, la Iglesia de Córdoba se une a la polémica sobre la prohibición de limpiavidrios y cuidacoches ilegales en la ciudad, y propone un sistema de regularización que incluya un registro oficial y métodos de cobro transparentes. La postura eclesiástica busca encontrar una solución que combine la seguridad con la inclusión social, y evitar la exclusión de sectores vulnerables.