18 millones de argentinos se hunden en deudas: La verdad detrás de la ley para «perdonar» intereses de tarjetas y préstamos

Mientras los discursos oficiales insisten en una economía que se encamina hacia la estabilidad y el crecimiento, la realidad en los bolsillos de la gente parece contar una historia muy distinta y mucho más urgente. La morosidad en los créditos a las familias argentinas se ha cuadruplicado en apenas un año, alcanzando un preocupante 11,2%, la cifra más alta registrada en las últimas dos décadas. Ante este escenario de asfixia financiera, el Congreso debate ahora un ambicioso proyecto de ley titulado «Desendeudamiento y reestructuración de deudas de las familias argentinas», que busca otorgar un alivio masivo a quienes ya no pueden cumplir con sus obligaciones. Esta iniciativa propone eliminar hasta el 90% del capital adeudado en tarjetas de crédito y préstamos personales para los sectores más vulnerables, aquellos cuyos ingresos no superen tres canastas básicas totales. El proyecto, impulsado por el diputado Roberto Santiago, surge como un intento de frenar una crisis de deuda que ya afecta a cerca de 18 millones de personas en todo el país. Desde una mirada económica crítica, este tipo de medidas pone en evidencia que, aunque se hable de mejoras macroeconómicas, la base del consumo familiar está quebrada y sostenida por un endeudamiento insostenible para cubrir gastos cotidianos.

El problema real que este proyecto intenta tapar o al menos mitigar es que las familias están usando el plástico no para lujos, sino para llegar a fin de mes, enfrentando tasas de interés que vuelven cualquier saldo una bola de nieve imposible de frenar. La falta de crecimiento de los salarios y las elevadas tasas de interés han provocado que hoy uno de cada tres argentinos con crédito tenga serias dificultades para pagar. La morosidad es todavía más dramática fuera de los bancos tradicionales, donde en las billeteras virtuales y financieras no bancarias el nivel de incumplimiento ya supera el 30%. El plan oficial de «limpieza» de estas deudas contempla no solo la quita del capital, sino también la condonación total de intereses punitorios y recargos generados por la mora. Además, para quienes no califiquen a la quita del 90% por tener ingresos más altos, se ofrece la opción de refinanciar el total de su deuda en hasta 36 cuotas con tasas mucho más bajas que las del mercado actual.

Para sostener este sistema, se prevé la creación de un Fondo de Asistencia a Deudores (FAD) que se financiaría con el 1% de la recaudación del IVA sobre operaciones financieras. Este fondo permitiría al Estado comprar deudas con descuento y facilitar que la gente vuelva a entrar al sistema formal sin el peso de ejecuciones judiciales o desalojos. Sin embargo, la mirada crítica sugiere que estas soluciones son parches que no atacan la raíz del problema: una economía donde el dinero no alcanza y el crédito se convirtió en un salvavidas de plomo. Mientras el Gobierno asegura que la inflación bajará y las tasas se acomodarán con el tiempo, el avance de este proyecto confirma que el daño ya está hecho y es profundo. La ley incluso propone suspender todos los juicios y ejecuciones por deudas durante 90 días para que los afectados puedan adherirse al régimen de regularización. En definitiva, mientras los indicadores oficiales buscan mostrar una recuperación, la necesidad de «perdonar» deudas a casi la mitad de la población es el síntoma más claro de una crisis social que la macroeconomía todavía no logra resolver para el vecino de a pie.