La noche del miércoles pasado, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Glaciares con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones. La modificación a la ley vigente desde 2010 busca modificar los criterios del Inventario Nacional de Glaciares y flexibilizar las condiciones para el desarrollo de actividades extractivas en áreas que antes quedaban fuera del alcance minero.

La votación no fue unánime, ya que se fracturó en dos dentro del bloque La Libertad Avanza. Once diputados cordobeses acompañaron la reforma, mientras que seis se opusieron. Entre los partidarios de la modificación estuvieron Belén Avico, Gabriel Bornoroni, María Cecilia Ibáñez y otros, todos miembros de La Libertad Avanza. Por su parte, Carlos Gutiérrez, Juan Fernando Brugge y Carolina Basualdo, también de Provincias Unidas, se manifestaron en contra.

La reforma aprobada busca armonizar competencias entre la Nación y las provincias, según el oficialismo. Sin embargo, la oposición argumentó que los glaciares cubren solo el 1% de la cordillera argentina pero alimentan cuencas que abastecen a 7 millones de habitantes.

La votación generó una gran controversia en el mundo científico, especialmente en un momento en que el sistema de investigación nacional atraviesa su peor crisis histórica. La situación actual es grave, con una pérdida del poder adquisitivo de los salarios científicos de casi el 50% desde noviembre de 2023 y presupuestos de investigación paralizados.

En este contexto, la plataforma Cómo Votó, desarrollada por Rodrigo Quiroga, investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, es especialmente relevante. Esta herramienta permite rastrear el comportamiento legislativo a través de las votaciones y los registros de 2.258 legisladores desde 1993.

La plataforma también destaca una paradoja: la ciencia argentina produce herramientas de valor cívico concreto en las mismas condiciones en que el Estado reduce su capacidad de sostenerla. La UNC cerró 2025 con más divulgación, mayor alcance y fuerte compromiso con la ciencia pública.

La reforma aprobada generará un flanco de conflicto con el mundo científico, lo que puede afectar negativamente la investigación y el desarrollo en Argentina.

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