Escándalo y conmoción en Córdoba: imputaron a seis policías por la muerte de Tomás Orihuela en una comisaría

La muerte de Tomás Orihuela, el joven de 19 años que apareció ahorcado dentro de una celda de la Comisaría Sexta de barrio General Paz, dio un giro clave en las últimas horas luego de que la Justicia avanzara con la imputación de seis efectivos policiales, una de ellas detenida, en el marco de una causa que sacude a la provincia de Córdoba y reaviva fuertes cuestionamientos sobre el accionar de las fuerzas de seguridad.

La investigación es encabezada por el fiscal Andrés Godoy, quien resolvió imputar a los policías por los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio culposo, al considerar que existen elementos suficientes para profundizar la pesquisa sobre lo ocurrido tanto durante la detención del joven como dentro de la dependencia policial donde terminó gravemente herido.

En el marco de las medidas judiciales, una mujer policía fue detenida, mientras que el resto de los efectivos involucrados continúa bajo investigación. La causa intenta establecer si hubo irregularidades en el procedimiento policial, fallas en los controles internos o responsabilidades directas vinculadas a la muerte del joven, cuyo caso generó una enorme repercusión social y política.

Tomás Orihuela había sido detenido en dos oportunidades en menos de 48 horas, situación que se convirtió en uno de los puntos centrales de la investigación. La propia fiscalía confirmó un dato clave: las órdenes de captura por las que fue arrestado se encontraban vencidas al momento de los procedimientos. Según trascendió, el joven había recuperado recientemente la libertad tras pasar cuatro meses detenido en el complejo carcelario de Bouwer. Poco tiempo después, fue arrestado nuevamente durante un operativo por un supuesto pedido de captura proveniente de Entre Ríos que, de acuerdo con la versión de la familia, ya estaba resuelto judicialmente.

Tras presentar documentación, Tomás recuperó la libertad. Sin embargo, apenas dos días después volvió a ser detenido durante otro operativo realizado en barrio Bajo Pueyrredón, nuevamente debido al mismo registro de captura que todavía figuraba cargado en el sistema policial. Esa segunda aprehensión terminó convirtiéndose en el inicio de la tragedia.

Luego del operativo, el joven fue trasladado y alojado en la Comisaría Sexta de barrio General Paz. Horas después, fue encontrado ahorcado dentro de una celda y derivado de urgencia al Hospital Eva Perón en estado crítico. Permaneció internado con un cuadro irreversible producto de un severo edema cerebral y finalmente falleció el lunes 27 de abril, causando una profunda conmoción en familiares, allegados y organizaciones que siguen el caso.

Desde el primer momento, las circunstancias de la muerte generaron fuertes controversias y versiones enfrentadas. Mientras desde el Ministerio de Seguridad señalaron inicialmente que el joven habría intentado quitarse la vida utilizando un buzo dentro de la celda, la familia rechazó categóricamente esa hipótesis y denunció posibles irregularidades dentro de la dependencia policial.

“Creemos que no es verdad, porque él ya estuvo detenido cuatro meses y nunca tuvo ese tipo de conductas”, sostuvieron públicamente sus allegados, quienes además remarcaron que Tomás no atravesaba cuadros depresivos ni tenía problemas de consumo de alcohol o drogas. Los familiares vienen reclamando desde entonces una investigación profunda que permita esclarecer qué ocurrió realmente durante las horas previas a que fuera encontrado inconsciente.

Tras el hecho, el Órgano de Control de las Fuerzas de Seguridad ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de los efectivos que se encontraban de guardia aquella noche, medida considerada clave para reconstruir movimientos, comunicaciones y posibles responsabilidades. Ahora, con las nuevas imputaciones ya formalizadas, la causa judicial entra en una etapa decisiva que podría determinar si existieron negligencias, abusos o incumplimientos graves por parte del personal policial involucrado.

El caso de Tomás Orihuela provocó un fuerte impacto en la sociedad cordobesa y volvió a instalar el debate sobre los procedimientos policiales, las detenciones erróneas y las condiciones dentro de las comisarías de la provincia. Mientras la investigación avanza, familiares y allegados continúan reclamando justicia y respuestas concretas sobre la muerte del joven de 19 años.