El Ministerio de Salud de la Nación oficializó una profunda reestructuración en la cobertura sanitaria pública mediante la derogación de la Resolución 3424/2021. La medida establece el cierre definitivo del histórico vademécum centralizado del Plan Remediar, que distribuía botiquines con tratamientos esenciales a más de 8.000 centros de atención primaria en todo el territorio argentino. La nueva normativa implementa el Plan Nacional de Salud Vascular 2026-2030, focalizando los recursos federales exclusivamente en la prevención de accidentes cardiovasculares. A partir de esta modificación, el Estado central restringe el financiamiento y la compra directa a una lista severamente acotada de seis principios activos específicos para regular la presión arterial y el colesterol. El listado de fármacos remanentes incluye ácido acetilsalicílico, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina. Estas sustancias químicas componen el único lote remesado desde los depósitos nacionales hacia las provincias, dejando sin cobertura directa del Poder Ejecutivo a patologías crónicas de alta incidencia poblacional. El drástico recorte excluyó de la canasta solidaria insumos críticos de uso diario como la metformina para pacientes diabéticos y la levotiroxina para disfunciones tiroideas. Asimismo, quedaron discontinuados los despachos de amoxicilina, anticonceptivos orales, salbutamol, fluconazol y loratadina, los cuales conformaban la base terapéutica de las consultas médicas más recurrentes. Frente a este escenario, las autoridades de la cartera sanitaria explicaron que el objetivo es optimizar los fondos asignados y evitar la duplicación de estructuras administrativas. Desde el Ejecutivo argumentan que el nuevo esquema promueve una mayor descentralización operativa y una fiscalización más rigurosa sobre el destino final de los recursos farmacológicos. La resolución traslada la responsabilidad financiera y de abastecimiento de los 122 compuestos restantes a los ministerios provinciales. Cada jurisdicción deberá solventar de forma autónoma la adquisición de los antibióticos, analgésicos y tratamientos de salud reproductiva necesarios para atender la demanda de sus comunidades locales. Como alternativa de financiamiento, la normativa nacional sugiere canalizar las compras a través del Programa SUMAR, un mecanismo basado en el cumplimiento de metas sanitarias verificadas. No obstante, las administraciones del interior advierten que la reconversión de las partidas presupuestarias generará demoras logísticas y disparidades en el acceso a la medicina gratuita. Diversas organizaciones médicas y de defensa del consumidor manifestaron preocupación por el impacto inmediato en los sectores vulnerables que carecen de obra social. El éxito de la transición dependerá de la capacidad de respuesta económica de cada gobernación para evitar el desabastecimiento en las salas de primeros auxilios. Frente a la confirmación de la reestructuración del Plan Remediar, la postura de las provincias ha sido de profunda preocupación, alerta y denuncia por lo que consideran un «vaciamiento» del sistema de salud primaria. Aunque el Ministerio de Salud de la Nación enmarcó la medida como una «provincialización» y una optimización de recursos, las administraciones provinciales advierten sobre graves complicaciones financieras y logísticas. Distritos como Buenos Aires y Tierra del Fuego alzaron reclamos formales inmediatos contra las decisiones de la gestión nacional. Ministros de salud locales señalaron que el recorte de la canasta original de tratamientos cayó drásticamente a lo largo del último año (con bajas de hasta el 56% en los envíos recibidos por Santa Fe, Córdoba y Salta) antes de oficializarse la baja definitiva del vademécum amplio. Ante el bache prestacional, provincias de mayor densidad poblacional decidieron blindar el suministro de su bolsillo. Buenos Aires, por ejemplo, anunció el lanzamiento de su propio programa «Medicamentos Bonaerenses» para mantener de forma autónoma la entrega gratuita de más de 100 medicamentos esenciales —como la amoxicilina y los anticonceptivos— en sus salas barriales. Las provincias con menores recursos relativos son las que se manifestaron en mayor estado de alerta. La Rioja advirtió que la quita intempestiva de medicamentos saturará las guardias hospitalarias debido a la interrupción de terapias crónicas en los centros rurales. Por su parte, la provincia de Misiones estimó un impacto económico crítico, calculando que deberá reorientar de sus propias arcas entre $1.000 y $1.200 millones mensuales extras para cubrir de forma local la demanda de remedios que Nación dejó de enviar. En la Provincia de Córdoba, la postura oficial frente al recorte y posterior cierre del vademécum amplio del Plan Remediar ha sido de fuerte cuestionamiento y preocupación por el impacto en los sectores más vulnerables. Desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba advirtieron que la eliminación de este plan histórico responde a una política nacional de ajuste fiscal que trata a la salud pública «como un gasto y no como una inversión». Denunciaron que la quita de los 122 fármacos pone en riesgo directo la integralidad del sistema de atención primaria. Las autoridades cordobesas sumaron este recorte a una situación financiera ya delicada, señalando que el Gobierno nacional mantiene deudas millonarias con la provincia por el Programa SUMAR y por prestaciones de salud vinculadas al PAMI. Esto ha obligado a Córdoba a adelantar fondos propios continuamente para sostener el funcionamiento de sus hospitales públicos. Ante las demoras en las entregas y la oficialización de la baja del vademécum nacional, el Ministerio de Salud provincial comenzó a analizar e implementar mecanismos financieros propios para suplantar el faltante. El objetivo fijado por la administración local es reestructurar partidas presupuestarias para asegurar que los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y dispensarios municipales de la provincia sigan recibiendo los antibióticos, antidiabéticos y anticonceptivos que la Nación dejó de financiar. 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