Córdoba se encamina a aprobar la “Ley Joaquín”, una reforma que busca darle más voz y protección a las víctimas

La Legislatura de Córdoba realizó una de las sesiones más sensibles y trascendentes del año. Este jueves, la Unicameral avanzó con la aprobación de la denominada “Ley Joaquín”, una reforma profunda del Código Procesal Penal provincial que apunta a fortalecer los derechos de las víctimas dentro de las causas judiciales y a garantizar una mayor participación en decisiones clave de los procesos penales. La iniciativa, impulsada por el gobernador Martín Llaryora, llegará al recinto con un respaldo político poco habitual para los tiempos que atraviesa la política argentina. Oficialismo y oposición coinciden en la necesidad de avanzar con cambios estructurales en el sistema judicial cordobés, especialmente luego de una serie de casos que dejaron expuestas falencias en la contención estatal y en el lugar que ocupan las víctimas dentro del entramado judicial.

El nombre elegido para la ley no es casual. La reforma lleva el nombre de Joaquín Sperani, el adolescente asesinado en Laboulaye en 2023 por otro menor de edad, un caso que conmocionó profundamente a toda la provincia y generó un fuerte reclamo social por respuestas más humanas y eficaces por parte del Estado. Sus padres estarán presentes durante la sesión legislativa, en una jornada que promete tener una fuerte carga emocional. Detrás del debate jurídico existe también una discusión mucho más profunda: el lugar que ocupan las víctimas en el sistema penal argentino. Durante años, muchas familias atravesaron procesos judiciales sintiéndose relegadas, sin información clara, sin acompañamiento y, en algunos casos, sin siquiera ser escuchadas en momentos determinantes de las causas. Esa sensación de abandono fue ganando espacio en la discusión pública y terminó empujando una reforma que ahora Córdoba busca convertir en ley.

El proyecto modifica la histórica Ley 8.123, vigente desde principios de los años noventa, e incorpora un Régimen Provincial de Protección Integral para Víctimas de Delitos. El objetivo central es que los derechos de quienes sufren un delito no queden solamente escritos en papeles o discursos institucionales, sino que puedan ejercerse de manera concreta dentro del expediente judicial. Entre los cambios más importantes, la norma establece que las víctimas tendrán derecho a recibir información clara y permanente sobre el avance de las causas, ser notificadas de resoluciones relevantes y participar en distintas instancias del proceso. También contempla asistencia integral, mecanismos de protección y medidas orientadas a evitar la revictimización, una problemática frecuente en causas complejas donde las personas deben revivir constantemente situaciones traumáticas frente al aparato judicial. Uno de los puntos que más relevancia tomó durante el tratamiento legislativo fue la obligación para fiscales y jueces de escuchar a las víctimas antes de resolver determinadas medidas que puedan modificar la situación del acusado. Hasta ahora, muchas veces las familias se enteraban por terceros o por los medios de comunicación sobre prisiones domiciliarias, excarcelaciones o beneficios procesales. Con esta reforma, la intención es que la voz de quienes padecieron el delito tenga un lugar formal dentro de esas decisiones.

Desde el oficialismo sostienen que la ley busca equilibrar el sistema sin afectar garantías constitucionales ni alterar el principio de defensa del imputado. La intención, remarcan, no es endurecer el sistema penal sino humanizarlo y volverlo más cercano para quienes atraviesan situaciones traumáticas. La discusión en comisión dejó además algunas señales políticas poco frecuentes. El proyecto fue trabajado de manera conjunta entre distintos bloques y terminó incorporando modificaciones impulsadas por legisladores opositores. Esa dinámica permitió construir un consenso amplio alrededor de una ley que, más allá de las diferencias partidarias, atraviesa una demanda social concreta.

Uno de los dirigentes que encabezó el tratamiento parlamentario fue el legislador Juan Manuel Llamosas, presidente de la comisión de Seguridad. Durante el debate destacó que el intercambio entre los distintos sectores políticos permitió enriquecer la iniciativa y construir una reforma que definió como “histórica” para Córdoba. Según explicó, uno de los ejes centrales pasa por garantizar que las víctimas puedan ser escuchadas en momentos claves del proceso judicial. “Durante mucho tiempo eso no ocurría. Esta ley obliga al sistema a incorporar la palabra de la víctima en decisiones importantes”, sostuvo. Sin embargo, el consenso no eliminó los cuestionamientos políticos. Desde sectores de la oposición recordaron que Córdoba tardó años en avanzar sobre una legislación que a nivel nacional existe desde 2017. El juecismo, por ejemplo, acompañará el proyecto pero insistirá durante la sesión en que la reforma llega después de un prolongado retraso institucional. El legislador Walter Nostrala señaló que la provincia “se negó sistemáticamente” a adherir plenamente a la normativa nacional de protección de víctimas y consideró que muchas familias atravesaron situaciones dolorosas sin herramientas adecuadas de contención. Aun así, confirmó el apoyo de su bloque y destacó la importancia de que finalmente exista una respuesta legislativa.

Otro de los aspectos más delicados de la reforma tiene que ver con la posibilidad de que las víctimas puedan constituirse como querellantes incluso en causas donde los acusados sean menores de edad. El punto generó debate jurídico y algunas advertencias sobre posibles planteos de inconstitucionalidad, aunque finalmente el oficialismo decidió sostener el artículo original. Para muchos legisladores, el trasfondo de esa discusión remite inevitablemente al caso de Joaquín Sperani y a la necesidad de que las familias no queden al margen de procesos judiciales especialmente sensibles. La radical Brenda Austin fue una de las voces opositoras que reconoció la apertura del oficialismo para aceptar modificaciones al texto original. Entre los aportes incorporados destacó la inclusión de un capítulo específico sobre violencia institucional, pensado para proteger especialmente a víctimas cuando el acusado pertenece al propio Estado. También valoró que la reforma incluya lineamientos vinculados al régimen penal juvenil, un tema que seguramente seguirá generando debate en Córdoba en los próximos meses. La discusión sobre cómo intervenir frente a delitos cometidos por menores volvió a instalarse con fuerza después de distintos casos de alto impacto social ocurridos en la provincia y el país.

En paralelo, el Gobierno provincial busca mostrar con esta ley una señal política de respuesta institucional frente a una demanda social creciente. En la apertura de sesiones legislativas de febrero, Llaryora ya había anticipado que esta reforma sería una de las prioridades de su gestión. Dentro del oficialismo reconocen que, aunque existen herramientas legales para asistir a víctimas, en la práctica persisten enormes dificultades de acceso, problemas de comunicación y situaciones que terminan profundizando el dolor de quienes atraviesan una causa penal. La reforma intenta justamente corregir parte de esas falencias y recuperar confianza en el sistema judicial.

La expectativa es que la “Ley Joaquín” no solo marque un cambio dentro de Córdoba, sino que también se convierta en un antecedente para futuras reformas procesales vinculadas a derechos de víctimas, violencia institucional y régimen penal juvenil. Más allá de los debates técnicos y políticos, el trasfondo de la discusión tiene una dimensión profundamente humana. Detrás de cada expediente judicial hay familias golpeadas por el dolor, personas que buscan respuestas y ciudadanos que muchas veces sienten que el sistema los deja solos. En ese contexto, la aprobación de esta ley aparece para muchos como un intento de empezar a cambiar esa realidad.