Capilla del Monte: El Escandaloso 125% que blinda los sueldos de la política. ¿Cuánto cobran?

Nota/investigación exclusiva de Vea Noticias

El presupuesto de Capilla del Monte para el ejercicio 2026, publicado en la web municipal, consolidado en una cifra de 14 mil millones de pesos, plantea un escenario que invita a la reflexión ciudadana sobre cómo se distribuyen los recursos públicos en un contexto de recursos limitados. Si bien la normativa busca garantizar el funcionamiento institucional con una planta de 131 agentes permanentes, el análisis detallado de la «letra chica» revela una estructura de remuneraciones para los cargos jerárquicos que, mediante un complejo sistema de adicionales, se distancia notablemente de las partidas asignadas a insumos críticos para la población. Esta brecha presupuestaria pone de manifiesto que la prioridad de la gestión parece estar más centrada en el sostenimiento de su equipo político que en el fortalecimiento de áreas sensibles como la salud o la asistencia social directa.

La piedra angular de esta controversia radica en la arquitectura de los sueldos políticos, donde el sueldo básico es solo el punto de partida. Por ejemplo, el Intendente Municipal tiene fijado un básico de $2,141,464.45 (a valores de noviembre de 2025), pero a esta cifra se le suma un 80% automático por «Gastos de Representación», lo que eleva su ingreso bruto mensual a casi 3.9 millones de pesos, sin contar otros adicionales por antigüedad o títulos. Este esquema se replica en toda la pirámide: los Secretarios perciben un básico de $1,797,077.72 más un 60% de representación, mientras que los Presidentes del Concejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas también gozan del beneficio del 80% de representación sobre sus dietas. Lo que resulta más llamativo es que el Artículo 11º otorga al Ejecutivo la facultad de sumar hasta un 45% extra por «Responsabilidad Jerárquica», permitiendo que los sueldos políticos crezcan de manera exponencial hasta un 125% sobre la base de discrecionalidad administrativa.

Al contrastar estos ingresos con las partidas destinadas a necesidades básicas de los vecinos, la disparidad es evidente y, para muchos, difícil de justificar. Mientras que el sueldo anual de un solo funcionario de alto rango puede superar ampliamente los 50 millones de pesos, el presupuesto total para «productos farmacéuticos y medicinales» de todo el Hospital Municipal Oscar Américo Luqui es de apenas 60 millones de pesos para los 365 días del año. La situación se vuelve aún más crítica en otras dependencias: el área de Zoonosis dispone de solo 1 millón de pesos para medicamentos, y la Secretaría de Políticas Sociales cuenta con apenas 1.5 millones para el mismo rubro, una cifra que parece simbólica frente a la demanda social de una localidad con carencias crecientes.

Esta tensión entre «gastos de la política» y «gastos para la gente» se acentúa al observar otros rubros del presupuesto analítico. Por ejemplo, la municipalidad prevé gastar 125 millones de pesos en «publicidad y propaganda» solo a través de la Secretaría de Turismo, y otros 150 millones en «servicios técnicos y profesionales» para el Festival Alienígena. En comparación, las «Ayudas Sociales a Personas» dentro del Hospital Municipal son de solo 5 millones de pesos, y el presupuesto para el mantenimiento de centros vecinales y playones apenas alcanza para intervenciones mínimas. Incluso partidas menores, como los 2.15 millones de pesos destinados a «cortesía y homenaje» en la Intendencia, superan lo que se invertirá en medicamentos para áreas enteras de desarrollo social.

Finalmente, es necesario señalar que el presupuesto otorga una flexibilidad casi absoluta al Departamento Ejecutivo a través del Artículo 6º, que lo autoriza a realizar «compensaciones de créditos» entre distintas partidas. Esto significa que, legalmente, el dinero que hoy está asignado a una obra pública o a salud podría ser derivado a cubrir aumentos salariales o gastos de representación si la gestión lo considera necesario, siempre que no se exceda el total de 14 mil millones. Para el vecino común, este presupuesto se traduce en un mensaje claro: mientras la estructura política se asegura un blindaje salarial con porcentajes de privilegio, los servicios esenciales que afectan la calidad de vida diaria quedan relegados a presupuestos que, en términos reales, parecen quedar cortos frente a la inflación y la emergencia sanitaria.