Cierre de hoteles y reconversión inmobiliaria irregular encienden las alarmas por la crisis turística en La Falda

Durante una sesión del Concejo Deliberante de La Falda, el concejal Villanueva alertó formalmente sobre el preocupante deterioro de la industria hotelera local y la creciente pérdida de establecimientos turísticos en la ciudad.

Durante una sesión del Concejo Deliberante de La Falda, el concejal Villanueva alertó formalmente sobre el preocupante deterioro de la industria hotelera local y la creciente pérdida de establecimientos turísticos en la ciudad. El edil visibilizó la protesta realizada por un grupo de trabajadores del hotel perteneciente a la obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), quienes llevaron a cabo cortes parciales en la ruta y en la vereda para manifestar su incertidumbre laboral. Esta situación fue calificada como un hecho lamentable para una comunidad cuya identidad y sustento económico dependen de forma directa del flujo turístico y de la preservación de su capacidad receptiva.

La problemática del hotel de IOSFA refleja una severa crisis financiera en la obra social administradora, la cual acumula demoras de entre cinco y seis meses en los pagos a prestadores esenciales como las farmacias locales. A pesar de estos continuos atrasos, comercios del sector farmacéutico continuaron prestando servicio a los afiliados, mientras la entidad sufría un paulatino ahogamiento de sus recursos. Este desequilibrio responde a que la obra social se sostiene mediante aportes sindicales de los titulares de las fuerzas armadas —cuyos salarios no han registrado incrementos acordes—, debiendo afrontar al mismo tiempo elevados costos en cápitas de salud, prestaciones médicas, clínicas y medicamentos.

En el ámbito legislativo municipal se denunció además un progresivo vaciamiento de bienes estatales impulsado desde el Estado nacional, señalándose propuestas de privatización controversiales. Entre estas alternativas, se conoció que la unidad hotelera de IOSFA habría sido ofrecida formalmente al Colegio de Farmacéuticos para su transferencia comercial. Asimismo, el concejal rechazó rotundamente una versión que contemplaba destinar a soldados en actividad para hacerse cargo de la atención y funcionamiento del hotel, calificando dicha posibilidad como una medida inapropiada frente a la parálisis de la infraestructura turística.

A la crisis de los inmuebles vinculados a organismos públicos se suma la clausura por deudas de establecimientos privados tradicionales, destacándose los casos del Hotel Check-in y del complejo perteneciente al sindicato Suterh. Respecto a este último, la propiedad fue adquirida por un inversor privado, ejemplificando una tendencia recurrente en la que capitales particulares compran hoteles en crisis para reestructurar sus instalaciones. Este proceso de reconversión transforma las antiguas habitaciones en departamentos o unidades con quincho, desplazando la plaza hotelera convencional hacia emprendimientos de alquiler de carácter inmobiliario.

Por otra parte, durante reuniones, un representante de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) expuso graves irregularidades en los suministros eléctricos de estos predios reconvertidos. Se reveló que diversos inmuebles que ya se encuentran totalmente finalizados, alquilados o bajo esquemas de pseudo-venta continúan operando con conexiones provisorias de luz de obra. Los desarrolladores mantienen los pilares de construcción de manera indefinida a la vista de la comunidad, eludiendo la instalación de los medidores definitivos y la tramitación del certificado de final de obra.

Esta persistencia de anomalías en la vía pública responde a la ausencia de un marco regulatorio que exija la regularización eléctrica y el final de obra como condición previa para comercializar o alquilar las propiedades. Ante este vacío normativo y la falta de controles efectivos que impidan la venta de inmuebles sin las habilitaciones correspondientes, los ediles instaron a asumir un rol activo e intervenir de manera urgente. Se enfatizó la necesidad imperiosa de aplicar las normativas vigentes para frenar el desmantelamiento hotelero y proteger el patrimonio económico de La Falda.