El conflicto que mantiene en vilo al Valle de Punilla tiene su raíz en un profundo giro político y económico a nivel nacional. Desde la asunción de la actual gestión presidencial en diciembre de 2023, el Poder Ejecutivo Nacional implementó un drástico plan de reforma del Estado y desregulación económica, plasmado inicialmente en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y consolidado mediante el posterior DNU 88/2026. Estas normativas federales fijaron como política prioritaria la intervención, auditoría y reestructuración de los organismos descentralizados y las obras sociales estatales, promoviendo de manera explícita la desinversión, la privatización o el traspaso de aquellos activos e inmuebles públicos considerados «no esenciales» para las funciones principales del Estado. En base a este lineamiento político directo, el Ministerio de Defensa de la Nación avanzó sobre la estructura de la obra social militar. El organismo, históricamente conocido como el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), sufrió una transformación integral al convertirse en la actual OSFA. Bajo la justificación oficial de optimizar los recursos médicos y paliar un supuesto déficit financiero heredado, el gobierno nacional dispuso mediante resoluciones ministeriales el cese total del presupuesto destinado a las áreas de turismo, recreación y farmacias comerciales de la entidad. La orden política fue tajante: la obra social debe abocarse exclusivamente a la cobertura de salud de sus afiliados, desprendiéndose de toda la infraestructura hotelera de cara al próximo 30 de septiembre de 2026. La consecuencia inmediata de este decreto en la provincia de Córdoba se materializó en la emblemática Residencia Serrana La Falda. El hotel, ubicado sobre la Avenida Teresa Ferrarini y con una capacidad histórica para albergar a más de 300 huéspedes, dejará de operar bajo el esquema de turismo social a partir del 1 de octubre. En lugar de un cierre definitivo o una venta inmediata a capitales privados —un temor inicial que movilizó a la comunidad—, el Ministerio de Defensa dispuso un traspaso de órbita interna. La administración del complejo, junto con los hoteles ubicados en Cosquín y Villa General Belgrano, será transferida de forma definitiva al Ejército Argentino, cuyas jerarquías ya comenzaron a desplegar decenas de suboficiales y soldados en las instalaciones para coordinar la transición operativa. Este drástico cambio administrativo e institucional impactó de forma demoledora en la calidad del servicio y en la experiencia de los afiliados. En los meses previos a este desenlace, los usuarios de la obra social militar comenzaron a inundar las plataformas de turismo y las redes sociales con masivos reclamos por el abandono edilicio del complejo. La asfixia presupuestaria provocó una escasez crítica de personal de limpieza y mantenimiento, lo que derivó en habitaciones deterioradas, interrupciones recurrentes en el suministro de agua caliente y sábanas desgastadas. El malestar de los afiliados se profundizó ante la falta de respuestas institucionales y la reciente cancelación preventiva de reservas ya abonadas para los meses venideros, destruyendo un beneficio de esparcimiento histórico para el personal activo y retirado de las fuerzas de seguridad. No obstante, la cara más trágica y urgente de este proceso de vaciamiento es el drama socioeconómico que golpea al personal civil. La decisión oficial estipula que el próximo 30 de septiembre vencerán la totalidad de los contratos de los trabajadores civiles que sostuvieron el hotel durante décadas, sin que exista ninguna instancia de renovación ni la posibilidad de ser absorbidos por la nueva estructura militar. Esta medida dejará formalmente a 55 personas en la calle, transformándose en 55 familias de La Falda que perderán de forma abrupta su principal sustento económico en un contexto inflacionario adverso. Los representantes gremiales advierten que el Ejército asumirá el control del predio con mano de obra propia (soldados), utilizándola para tareas de mantenimiento y de alojamiento propio de la fuerza, dejando de lado al personal civil especializado. Ante esta grave situación, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Córdoba) declaró el estado de alerta y movilización permanente. Los trabajadores y delegados sindicales del Valle de Punilla incrementaron la visibilización del conflicto mediante «semaforeadas», asambleas públicas y cortes parciales en el cruce de la Ruta Nacional 38, exigiendo de forma desesperada la intervención de las autoridades políticas regionales. Asimismo, las comisiones gremiales llevaron el reclamo a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, buscando el respaldo de los distintos bloques partidarios para emitir un repudio institucional y forzar una mesa de negociación con el Ministerio de Defensa que contemple la preservación de las fuentes de trabajo o la reubicación de los damnificados. Finalmente, el impacto de este «apagón turístico» trasciende las paredes de la residencia y amenaza con enfriar la economía de toda la ciudad de La Falda. Al anularse el turismo social masivo que la ex IOSFA inyectaba de manera constante a lo largo de todo el año —rompiendo la fuerte estacionalidad que sufren las sierras cordobesas—, el perjuicio económico se ramificará rápidamente hacia los comercios de cercanía, proveedores locales de alimentos, lavanderías, taxis y locales gastronómicos de la zona. La pérdida de estos 55 salarios estables en el circuito comercial local y la drástica reducción en el flujo de visitantes configuran un escenario sombrío para una comunidad serrana que históricamente ha tenido en el turismo su principal motor de subsistencia. Navegación de entradas Perder por abandono: el estado dejó caer un juicio clave contra Cristina Kirchner y la cuenta la pagamos todos Cierre de hoteles y reconversión inmobiliaria irregular encienden las alarmas por la crisis turística en La Falda
