Frenan el ascenso vitalicio del fiscal Iván Rodríguez tras la indignación por liberar al femicida de Agostina Vega en una causa previa. La jura del fiscal Iván Rodríguez para su nuevo cargo como procurador penitenciario adjunto en la provincia de Córdoba fue oficialmente suspendida por el Gobierno provincial. Esta medida busca que la situación institucional del organismo quede totalmente despejada antes de su eventual incorporación, dado el avance de un pedido de jury en su contra. El detonante principal de esta decisión fue el fuerte impacto social generado por el femicidio de la adolescente Agostina Vega, ocurrido recientemente en la capital cordobesa. Rodríguez es severamente cuestionado por haber otorgado la excarcelación a Claudio Barrelier, principal imputado por el crimen de Vega, en una causa previa por violencia de género. En aquel proceso del año 2025, el fiscal dispuso la liberación de Barrelier tras apenas 20 días de detención, a pesar de la gravedad de la denuncia. La víctima de ese entonces había logrado escapar de una vivienda en barrio Cofico encontrándose semidesnuda y maniatada, lo que despertó críticas sobre la disparidad de criterios judiciales. La secretaria general de Gestión Penitenciaria, Nadia Fernández, explicó que para asumir en una estructura nueva es indispensable que no existan procesos pendientes. La funcionaria remarcó que el poder político no pretende cubrir a Rodríguez y que es el jurado de enjuiciamiento quien debe analizar su conducta profesional. Esta postura oficial intenta desligar al Poder Ejecutivo de la responsabilidad institucional sobre el accionar previo del fiscal en sus funciones dentro del Ministerio Público Fiscal. Además del caso Barrelier, el desempeño de Rodríguez es duramente criticado por su actuación en la causa de las ex-empleadas de la empresa Aluminar. En este caso, las trabajadoras denunciaron haber estado presas más de seis meses por un conflicto comercial, contrastando con la celeridad de la liberación otorgada al presunto femicida. Las afectadas calificaron el accionar del fiscal como totalmente arbitrario por no haber escuchado su versión de los hechos durante el extenso periodo en que permanecieron privadas de su libertad. Otro de los expedientes que vuelve a ponerlo en la mira es la investigación del asesinato de Andrea Castana, ocurrido en el año 2015. Los familiares de la joven abusada y asesinada en Villa Carlos Paz cuestionaron públicamente el rol que tuvo el fiscal durante las etapas iniciales de aquella compleja investigación. El reclamo social resurgió con fuerza tras conocerse que Rodríguez accedería a un cargo vitalicio, lo que motivó nuevas declaraciones de los allegados a la víctima de este antiguo crimen. La trayectoria de Rodríguez también incluye su participación en la sensible causa por las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal. Fue uno de los primeros funcionarios en intervenir en este caso histórico, sumando así otro antecedente de alto perfil público bajo su órbita de responsabilidad. Asimismo, se mencionó su intervención en operativos judiciales por denuncias de maltrato infantil en un jardín de infantes de barrio Cofico a comienzos de este año, consolidando una serie de actuaciones judiciales polémicas. Desde el ámbito legislativo, nueve de los doce bloques opositores formalizaron el pedido de jury solicitando su suspensión preventiva y posterior destitución. Los legisladores denuncian que su nombramiento en la Procuración Penitenciaria fue un supuesto pago de favores políticos del oficialismo para garantizarle estabilidad. Critican que se hayan creado puestos de altísima jerarquía con sueldos millonarios que fueron otorgados de manera directa por el gobernador sin mediar un concurso público previo. La controversia ha escalado hasta alcanzar al gabinete provincial, donde se exige la renuncia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. La oposición argumenta una incapacidad para controlar la violencia de género y criminalidad, mientras denuncian la creación de cargos jerárquicos con carácter vitalicio. El impacto del caso Barrelier ha salpicado al poder político local debido a que el acusado era empleado municipal y contaba con la defensa técnica de un influyente abogado. Mientras los demás integrantes de la Procuración ya prestaron juramento ante el Tribunal Superior de Justicia, el séptimo sillón permanece vacío. El pliego de Rodríguez continuará congelado por tiempo indeterminado hasta que la justicia y el jury resuelvan si su accionar fue negligente en sus funciones anteriores. El organismo, que nació para controlar el sistema carcelario, enfrenta así su primera crisis institucional antes de que todos sus miembros designados logren asumir formalmente sus funciones. La resolución de este conflicto institucional dependerá de los tiempos del Jurado de Enjuiciamiento, el cual deberá determinar si admite la investigación sobre el fiscal suspendido. Por ahora, la nueva Procuración Penitenciaria de Córdoba opera con una estructura incompleta mientras la sociedad civil y la oposición política mantienen la presión sobre la transparencia del sistema. El caso se ha convertido en un símbolo de las tensiones entre las decisiones de la justicia y la demanda social de mayor protección. Navegación de entradas Crisis e inestabilidad: Desplazaron al jefe de la policía caminera de Córdoba Daniel Bolloli Insólito en Alta Gracia: identificó a los ladrones de su hogar, lo detuvieron a él y ahora no puede volver a su casa
