Escándalo vial en Casa Grande: el intendente Miguel Moreno acumula una deuda cercana al millón de pesos por infracciones y juicios

Una investigación basada en registros oficiales de Rentas Córdoba ha sacado a la luz la delicada situación administrativa y legal que atraviesa el actual intendente de la localidad de Casa Grande, Miguel Ernesto Moreno, quien arrastra un historial de incumplimientos viales que se extiende por más de una década. Los documentos revelan una morosidad sistemática que combina multas en estado de rebeldía con procesos judiciales avanzados, sumando un total adeudado que asciende a los $958.793,59. Esta cifra se desglosa en seis infracciones de tránsito en mora por un valor de $334.709,08 y dos liquidaciones judiciales masivas que alcanzan los $624.084,51, evidenciando una conducta recurrente al volante y una notable desatención de sus obligaciones fiscales como ciudadano y funcionario público.

El desglose de las infracciones particulares permite observar una evolución de faltas que van desde cuestiones de seguridad básica hasta graves violaciones a las normas de tránsito provinciales. Entre las deudas más significativas se encuentra una multa identificada con el número 070600341782, actualmente en estado de rebeldía, por un monto de $221.709,70, seguida por otra de $76.382,01 (Acta 041500289719) correspondiente a un exceso de velocidad tipo 1 cometido en mayo de 2020 a bordo de un vehículo Fiat. El historial se remonta incluso al año 2010, cuando el intendente fue sancionado por no utilizar los correos de seguridad reglamentarios en un Ford (Patente HZU794), falta que a la fecha representa una deuda de $7.308,00. A esto se suman infracciones por adelantar en zonas prohibidas en 2012, que conllevó la quita de 10 puntos en su licencia, y circular sin las luces bajas encendidas en 2014, acumulando recargos por años de falta de pago.

La situación de Moreno se agrava significativamente al considerar el apartado de «Juicios», donde los montos son considerablemente más elevados y reflejan la instancia legal que ha tomado la administración para intentar cobrar las deudas acumuladas. Actualmente, pesan sobre el funcionario dos liquidaciones judiciales: la número 62133352724013, que incluye actas del año 2021 por un total de $289.921,90, y la 850000012773865, que agrupa actas de 2019 por un valor de $334.162,61.

La persistencia de estas deudas, algunas con más de 13 años de antigüedad, plantea un interrogante sobre el cumplimiento de las normas por parte de quien hoy ostenta la máxima autoridad ejecutiva en Casa Grande, especialmente considerando que varias de estas faltas fueron labradas en rutas nacionales y provinciales bajo jurisdicciones de distintos juzgados de faltas de la provincia.

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