Condenaron a casi 14 años de prisión al excomisario Diego Bracamonte por delitos sexuales y violencia de género

La Cámara del Crimen de Cruz del Eje condenó al excomisario Diego Bracamonte a la pena de 13 años y 10 meses de prisión efectiva, tras hallarlo culpable de múltiples delitos contra la integridad sexual cometidos en el ámbito familiar. El exjefe de la Departamental Punilla Norte reconoció su responsabilidad en los hechos durante un juicio abreviado, mecanismo judicial que permitió evitar la realización de un debate oral y público completo a cambio de la admisión de culpabilidad. Bracamonte permanecía detenido desde octubre de 2024 y enfrentaba una compleja investigación penal vinculada a hechos de abuso sexual, violencia de género, amenazas y desobediencia judicial. La causa se originó a partir de denuncias radicadas por su expareja y por una familiar directa, en el marco de situaciones de violencia sostenidas que derivaron en una intervención judicial de alto impacto dentro de la estructura policial cordobesa.

Según trascendió en sede judicial, el exfuncionario policial fue condenado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, promoción de la corrupción sexual agravada, amenazas calificadas y desobediencia a la autoridad. La pena impuesta deberá cumplirse de manera efectiva, por lo que continuará alojado en condición de detenido. La resolución judicial marca un fuerte precedente debido al perfil público que Bracamonte había construido durante años dentro de la Policía de Córdoba, especialmente en el departamento Punilla, donde ocupó cargos jerárquicos y participó en investigaciones de gran repercusión mediática y política.

Más allá de la condena conocida este miércoles, la figura de Diego Bracamonte ya arrastraba una larga serie de cuestionamientos públicos relacionados con investigaciones policiales controvertidas y episodios que generaron fuertes críticas hacia el accionar de la fuerza de seguridad provincial. Uno de los casos más recordados fue el de Jonatan Romo, el joven que murió en julio de 2022 dentro de la comisaría de La Falda luego de haber sido detenido en medio de un brote psicótico. El fallecimiento provocó conmoción social, denuncias de violencia institucional y una investigación judicial que derivó en imputaciones contra varios efectivos policiales. Aunque Bracamonte no fue formalmente imputado en esa causa, su nombre quedó inevitablemente vinculado al expediente debido a que se desempeñaba como máxima autoridad de la Departamental Punilla Norte en ese momento. Familiares y allegados de Romo cuestionaron públicamente su rol y señalaron presuntos vínculos de cercanía entre sectores policiales y judiciales durante la investigación.

Otro de los expedientes que colocó a Bracamonte en el centro de la escena fue el femicidio de Cecilia Basaldúa, la joven mochilera asesinada en Capilla del Monte en 2020. En aquel entonces, el excomisario ocupaba el cargo de segundo jefe de Investigaciones de Punilla y tuvo participación directa en los primeros operativos del caso. La investigación derivó en la detención de Lucas Bustos, quien posteriormente fue absuelto por la Justicia tras un juicio plagado de cuestionamientos sobre la calidad de la pesquisa, la recolección de pruebas y el accionar policial. Organismos de derechos humanos, familiares de la víctima y distintos sectores sociales apuntaron en reiteradas ocasiones contra la investigación inicial, señalando irregularidades y posibles maniobras de encubrimiento.

La condena dictada ahora por la Cámara del Crimen representa la caída definitiva de un funcionario policial que durante años ocupó puestos estratégicos dentro de la estructura de seguridad provincial y que llegó a tener fuerte influencia en investigaciones penales de alto perfil. Fuentes judiciales indicaron que el reconocimiento de los hechos por parte de Bracamonte fue determinante para avanzar mediante un juicio abreviado, evitando así un proceso oral extenso y la exposición pública de testimonios sensibles vinculados a las víctimas.

Con este fallo, el excomisario continuará privado de su libertad cumpliendo una condena cercana a los 14 años de prisión efectiva, en una causa que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento interno de sectores de poder dentro de las fuerzas de seguridad y la necesidad de mecanismos de control más estrictos frente a denuncias de violencia y abuso.