La Resolución de Comisión Nº 0013/2025 para el año 2026 ha generado un intenso debate en Casa Grande sobre el equilibrio entre la protección de los recursos naturales y la capacidad económica de los vecinos. Si bien el nuevo régimen de faltas establece montos que pueden calificarse de «extremos», es imperativo contextualizar que la localidad se encuentra en el corazón del Valle de Punilla, una zona catalogada de alto riesgo donde los incendios forestales suelen volverse incontrolables y la escasez de agua es una realidad crítica. Bajo esta premisa, la Comuna ha fijado sanciones severas: según el Artículo 61°, inciso 1-30, hacer fuego en lugares no permitidos o la incineración de residuos en la vía pública o propiedad privada conlleva una multa de $262.000,00. Esta medida busca actuar como un freno contundente ante prácticas que, en un entorno de bosques secos y fuertes vientos, podrían desencadenar catástrofes ambientales y poner en peligro la vida y los bienes de toda la comunidad. En la misma línea de protección de recursos escasos, el control sobre el consumo de agua corriente se ha vuelto drástico debido a la crisis hídrica que afecta a la región. La normativa es clara al sancionar el derroche en tiempos de escasez: el Artículo 61°, inciso 1-19 estipula multas de hasta $360.000,00 por el uso irracional o excesivo de agua cuando se ha declarado la emergencia hídrica. Otros consumos suntuarios o negligentes también reciben castigos pesados, como el llenado de piscinas con agua de red, que alcanza la cifra récord de $960.000,00, o el riego abusivo con manguera, fijado en $290.000,00. Para las autoridades, estos montos no son meramente recaudatorios, sino una herramienta de supervivencia para garantizar que el recurso llegue a todos los hogares en una zona donde la infraestructura hídrica se ve exigida al máximo por el clima y el crecimiento poblacional. Sin embargo, el punto que genera mayor incertidumbre y cuestionamiento por parte de los vecinos no es la existencia de la multa en sí —cuya justificación ambiental es comprensible— sino el mecanismo de castigo ante la reincidencia. El Artículo 62° establece que las multas contempladas en el capítulo de faltas se duplicarán en progresión geométrica en casos sucesivos. Esto significa que, si bien la primera multa por una quema accidental puede ser vista como un correctivo necesario, una segunda infracción o la demora en la adecuación a la norma podría derivar en deudas que escalan exponencialmente hasta volverse virtualmente impagables. Esta «progresión geométrica» es la que despierta el temor de que un error o descuido termine comprometiendo el patrimonio del vecino de manera irreversible. El desafío para la administración de Casa Grande en 2026 será demostrar que esta severidad tiene un fin pedagógico y de preservación, y no uno meramente fiscalista. Mientras que el lavado de vehículos con manguera puede costar $291.000,00 y no respetar el cronograma de poda $30.700,00, la comunidad observa con atención si estos fondos se traducirán en mejores políticas de prevención de incendios y obras para mitigar la sequía. En última instancia, la Tarifaria 2026 plantea una realidad cruda: en un entorno vulnerable como Punilla, el descuido ambiental tiene un precio altísimo, pero el riesgo para el vecino es que ese precio termine siendo una barrera infranqueable que asfixie la economía familiar tanto como el humo o la sequía asfixian al paisaje serrano. Navegación de entradas Subsidios al gas en Córdoba: quiénes pueden acceder y cómo obtener la bonificación extra La nueva ordenanza de estacionamiento en Córdoba: un cambio que podría generar controversia
