Polémica en La Falda: cuestionamientos por la gestión del gasto y la eficiencia de los servicios públicos

La administración de los recursos municipales en la ciudad de La Falda se encuentra actualmente bajo la lupa debido a una serie de decisiones financieras y administrativas que han generado un intenso debate en el ámbito político local. Los ejes de la controversia se centran en el costo del alquiler de maquinaria pesada, el incremento de la planta de funcionarios y la percepción de una gestión ineficiente de los servicios básicos en un contexto de crisis económica.

Uno de los puntos que mayor impacto ha causado en la opinión pública es la reciente contratación de una motoniveladora externa. Según se ha informado, el municipio ha optado por alquilar este equipo a un costo de 160.000 pesos por hora, lo que representaría un desembolso total cercano a los 16 millones de pesos. Esta medida es duramente cuestionada debido a que la municipalidad cuenta con dos máquinas propias que permanecen guardadas en un galpón. Mientras el Ejecutivo argumenta la necesidad de agilizar los trabajos de mantenimiento ante el deterioro de las calles tras las lluvias, sectores de la oposición sostienen que con el monto destinado al alquiler se podría haber financiado la compra de una unidad nueva, evitando que el capital del contribuyente se pierda en pagos a terceros.

A esta situación se suma la controversia por la política de personal. A pesar de la vigencia de una ordenanza que congela sueldos y dietas de los funcionarios hasta fin de año, se han registrado nuevas incorporaciones y rotaciones en la planta ejecutiva. Nombres vinculados a áreas de Obras Públicas, Institucional y Acción Social han sido señalados en las últimas semanas como nuevos integrantes de la estructura jerárquica. La crítica principal radica en la supuesta contradicción de ampliar el número de directivos mientras el municipio mantiene deudas salariales con empleados de categorías inferiores que datan de los meses de febrero y marzo.

El sueldo del propio intendente también ha sido objeto de análisis. Con un ingreso neto declarado de 4,5 millones de pesos, la polémica no se centra solo en la cifra nominal, sino en los beneficios adicionales. Se cuestiona la vigencia de los «gastos de representación», además de la cobertura de costos de combustible, telefonía y seguros. Para los sectores críticos, estos adicionales resultan innecesarios dado que los gastos operativos de los viajes oficiales ya son cubiertos por las arcas públicas, y su mantenimiento se percibe como una falta de empatía hacia el vecino que atraviesa dificultades para cumplir con sus tasas municipales.

En cuanto a la prestación de servicios, la disparidad en la asignación de tareas operativas ha generado malestar. Se han reportado casos donde cuadrillas de hasta doce personas son destinadas a tareas menores de limpieza en plazoletas reducidas, mientras que en otros sectores, un solo trabajador debe afrontar tareas pesadas durante días feriados por remuneraciones significativamente menores a las de los cargos jerárquicos. Esta desorganización se traduce, según los reclamos vecinales, en una ciudad que presenta deficiencias en limpieza, mantenimiento de veredas y estado de las calzadas, afectando directamente la imagen de La Falda como destino turístico.

Finalmente, el uso recurrente de la vía del decreto y las contrataciones directas para gestionar estos gastos ha encendido alarmas sobre la transparencia de la gestión. La falta de acceso a información actualizada a través de los boletines oficiales y las inconsistencias detectadas en los informes del Tribunal de Cuentas dificultan el control legislativo y ciudadano. En una sociedad que depende mayoritariamente del turismo y que viene de temporadas difíciles, la demanda de transparencia y de una asignación de recursos orientada a servicios tangibles parece ser el reclamo unificado de los contribuyentes.