La viceintendenta de La Falda tendría hasta 3 cargos simultáneos

La administración de los recursos humanos y la distribución de funciones en el municipio de La Falda se han convertido en el eje de una creciente polémica. En las últimas semanas, diversos sectores de la oposición y vecinos han manifestado su preocupación ante lo que consideran una excesiva concentración de responsabilidades en un grupo reducido de funcionarios, fenómeno que ocurre en paralelo a reclamos por deficiencias en el mantenimiento de la ciudad y una cuestionada transparencia en el uso de los fondos públicos.

Uno de los puntos más críticos de esta situación es la acumulación de roles jerárquicos. Tras la renuncia del secretario de Turismo, la actual viceintendenta, Luciana Pacha, asumió la conducción de dicha cartera. Esta designación implica que la funcionaria coordina simultáneamente la Viceintendencia, la Secretaría de Turismo y mantiene sus responsabilidades dentro del Consejo Deliberante. Para los críticos de la gestión, esta «multifuncionalidad» no se traduce en una mayor eficiencia, sino en una estructura con exceso de cargos directivos y falta de personal operativo en las calles.

Este escenario se repite en otras áreas estratégicas. Se ha señalado que la concejal Gisela Montes continúa desempeñando tareas en la Secretaría de Acción Social de manera simultánea a su labor legislativa. Asimismo, dicha secretaría está bajo la dirección de Susana González, quien, a pesar de estar jubilada, percibiría dos contratos estatales. Estos casos han alimentado la crítica sobre una planta política que parece expandirse a través de rotaciones y nuevas incorporaciones, desafiando el espíritu de la ordenanza de congelamiento de sueldos y dietas anunciada por el Ejecutivo.

En el último mes, el organigrama municipal ha sumado nombres y reubicaciones: Andrea Chape se reincorporó al área Institucional, mientras que Daniel Losa y Jorgelina Real —quien anteriormente se desempeñaba como directora en otra área— pasaron a cumplir funciones en la Secretaría de Obras Públicas. Según los cuestionamientos planteados, estas designaciones se realizan mientras el municipio alega dificultades económicas para cumplir con deudas salariales que, en algunos casos, se remontarían a los meses de febrero y marzo.

La contradicción entre el gasto político y la realidad operativa de la ciudad es otro de los pilares del conflicto. Mientras se reportan casos de desorganización administrativa —como el envío de una brigada de 12 personas para limpiar una plazoleta de apenas 50 metros cuadrados—, otras zonas de la ciudad dependen del trabajo de operarios aislados que realizan tareas pesadas en días feriados por salarios mínimos. Los vecinos de barrios periféricos, como Molino de Oro, denuncian que la falta de mantenimiento es crónica y que la ciudad, en su conjunto, presenta un estado de abandono que afecta su perfil turístico.

Finalmente, el uso recurrente de decretos y contrataciones directas para gestionar el gasto —como el reciente alquiler de maquinaria externa por sumas millonarias a pesar de contar con equipo propio— ha generado pedidos de mayor transparencia. La falta de publicación actualizada de boletines oficiales y las supuestas inconsistencias en la información del Tribunal de Cuentas dificultan el control ciudadano sobre una gestión que, en la visión de la oposición, mantiene una distancia considerable con las necesidades urgentes del contribuyente faldense.