La crisis del sistema de salud previsional en Córdoba alcanzó un punto crítico este año, cuando el Colegio de Abogados de la provincia decidió interponer un recurso de amparo colectivo ante la justicia para detener los recortes en las prestaciones y asegurar la cadena de pagos. La medida busca proteger a todos los beneficiarios del sistema, con especial énfasis en el área de discapacidad y beneficiarios del programa Incluir Salud, quienes atraviesan una situación de vulnerabilidad extrema. La crisis se agudizó tras la implementación de una nueva normativa que, si bien aumentó nominalmente el pago por paciente, eliminó ítems extra y complementos. En la práctica, esto se traduce en una reducción real del 50% en los ingresos de los profesionales, lo que ha derivado en la suspensión de servicios médicos. A este panorama se suma una morosidad millonaria de PAMI con clínicas y sanatorios privados. En la práctica, el sistema público de hospitales no posee la capacidad instalada para brindar los servicios especializados que requieren las personas con discapacidad. La situación es crítica para las instituciones de cuidado, como hogares de día, que asisten a grupos de entre 30 y 300 personas y hoy ven amenazada su continuidad. La medida interpuesta por el Colegio de Abogados de Córdoba busca proteger a todos los beneficiarios del sistema, con especial énfasis en el área de discapacidad y beneficiarios del programa Incluir Salud. La acción judicial fue encabezada por la abogada Marta Lastra y cuenta con el respaldo del Consejo de Médicos de Córdoba, junto a comisiones de mujeres profesionales de ambas instituciones. La crisis se agudizó tras la implementación de una nueva normativa que aumentó nominalmente el pago por paciente, pero eliminó ítems extra y complementos. En la práctica, esto se traduce en una reducción real del 50% en los ingresos de los profesionales, lo que ha derivado en la suspensión de servicios médicos. La situación es crítica para las instituciones de cuidado, como hogares de día, que asisten a grupos de entre 30 y 300 personas y hoy ven amenazada su continuidad. A este panorama se suma una morosidad millonaria de PAMI con clínicas y sanatorios privados. En un contexto de inflación (3,2% en marzo en Córdoba), el conflicto trasciende lo financiero para convertirse en una emergencia humanitaria que la justicia deberá resolver a la brevedad. Navegación de entradas Desmantelado un circuito de contrabando millonario en Córdoba Un joven de 27 años es detenido en Córdoba acusado de transfemicidio
